Victoria indígena en Bolivia

El diputado federal brasileño Aldo Rebelo, que viene trabajando para cambiar el Código Forestal de Brasil, posiblemente entusiasmado con la repercusión de su protagonismo en el caso de la revisión del Código, escribió un artículo criticando la política plurinacional y multicultural que se aplica en Bolivia[1]. Detalla como una muestra del fracaso y de los riesgos de esa política a la triunfante oposición de los indígenas a la decisión gubernamental de construir una carretera que pasaría por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El asunto es interesante, ya que, como en el caso de la discusión del mencionado Código, los argumentos del diputado evitan el tema de fondo, y como en aquella ocasión, son sui generis para quien representa el Partido Comunista.

Esa carretera, pese a que su propuesta sea antigua, es parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de América del Sur (la famosa IIRSA) y su construcción responde mucho más a intereses externos que a los de Bolivia. Además, como es obvio, sería financiada con recursos brasileños del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y construida por empresas de ese país (OAS). La parte en discusión es correspondiente al sector Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, parte de la proyectada carretera Cochabamba – Beni que terminaría en la frontera con Brasil y que atravesaría de lado a lado el mencionado Tipnis.

El Tipnis comenzó como un parque nacional (Parque Nacional Isiboro Sécure) que fue establecido en 1965 para proteger la importante biodiversidad biológica de la región y sus paisajes naturales. En 1990 este Parque fue declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, y fue salomónicamente rebautizado como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En 2009 el gobierno ratificó la decisión otorgando un título colectivo sobre el Tipnis, con casi 1,1 millones de hectáreas, legitimando la posesión territorial de 64 comunidades indígenas de las etnias mencionadas. La demanda de los indígenas respondió al hecho de que el Tipnis venía siendo objeto de invasiones de productores de coca y de madereros, entre otros que pretendían usar los recursos naturales. Ya existen dentro del Tipnis más de 700 familias de productores ilegales de coca que, ahora, reclaman posesión definitiva de las tierras y, obviamente, el gobierno se ha mostrado incapaz de resolver la situación a favor de los indígenas, como es justo.

Por eso, cuando el gobierno nacional decidió, sin consulta previa, hacer la carretera, los indígenas se preocuparon con las consecuencias sociales y ambientales que esa obra traería, especialmente considerando que, como es costumbre en los proyectos IIRSA, no fue prevista ninguna inversión para promover el desarrollo sostenible o, por lo menos, para controlar la ocupación de las tierras a lo largo de la nueva carretera. Y aún más, los estudios de impacto socioambiental, realizados a la rápida por una empresa local sin prestigio, no respondieron ni a los más elementales requisitos técnicos y, como siempre en estos casos, la consulta con los afectados fue una farsa. La preocupación principal de los indígenas, como es natural, se refiere a los riesgos de aceleración de la invasión de sus tierras por productores andinos de coca, que con la facilidad de la carretera, desembocaría en la presencia de narcotraficantes con todos los riesgos evidentes para sus sociedades y el entorno natural. Por otra parte, las selvas del Tipnis, así como sus pantanos y otras áreas húmedas, regulan el flujo de las aguas en la planicie amazónica y también el clima de los valles que son altamente productivos. En la parte alta de la región la precipitación pluvial alcanza 5.700 mm/año. O sea, el Tipnis tiene un papel fundamental en el funcionamiento del ciclo hidrológico regional.

Uno de los acuerdos entre Bolivia y Brasil que apunta a la integración regional fue la construcción de la carretera entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, parte del corredor bioceánico Brasil-Bolivia-Chile-Perú de la mencionada IIRSA. En 2008, el diseño y la construcción de este trecho fueron adjudicados a la constructora OAS Ltda. en un polémico proceso de licitación, por 415 millones de dólares, de los cuales 80% son financiados por el BNDES.

Además de las implicaciones ambientales y sociales se cuestionan otros aspectos del proceso. El acuerdo Brasil-Bolivia no fue consultado ni con el Congreso de este país. Tampoco fue consultada la decisión de realizarse o no la carretera, ni fue discutida por donde pasaría. Análisis independientes de la viabilidad económica de la carretera propuesta revelan que no sería rentable y que costaría mucho más de lo que podría genera en ingresos para el país, sin contar el pago de la ya enorme deuda con Brasil. Y, por otra parte, existen otras rutas disponibles o alternativas que podrían evitar los impactos negativos de pasar por el Tipnis. El gobierno nada responde a estos cuestionamientos.

O sea, existen buenas razones y justificativas para el comportamiento, en realidad heroico, de los indígenas del Tipnis. Esto nada tiene que ver, como dice en su artículo el ilustre diputado, con el “imperialismo verde”, el “comunismo primitivo” o las ONGs. En esta reacción indígena no está en juego la política boliviana del Estado “cohibido de ejercer la soberanía nacional plena sobre su territorio debido a las etnias o naciones diversas en él incrustado”. No es justo argumentar que “cerca de 13 mil individuos de tres etnias reaccionan como si las tierras que ocupan fueran autónomas y no parte del territorio nacional boliviano”. Estos indígenas hacer lo que muchos otros ciudadanos quieren, pero aún no tienen coraje de hacer.

El hecho es que ningún gobierno tiene el derecho de hacer lo que quiere, pasando por sobre la ley y del sentido común. El gobierno no puede hacer las cosas de forma tan equivocada cuando queda evidente que perjudicará no solo a los indígenas directamente afectados, sino a todos los bolivianos. Esa carretera de “integración”, como dos de las tres construidas o previstas en Perú bajo el mismo acuerdo (IIRSA y gobierno brasileño), no respeta exigencias técnicas como consulta pública desde el primer paso y en cada una de sus etapas; estudios de impacto socioambientales bien hechos y oportunos que posibiliten la opción de “no hacer”; estudios de costo-beneficio serios e irrefutables, además de inversiones en desarrollo rural paralelas a las hechas en la obra. Esto no es oposición a la integración regional, tampoco a que se haga infraestructura de desarrollo. Es, únicamente, ser serio.

La victoria de los bravos Mojeños, Yuracarés y Chimanes debe ser aplaudida. Ellos consiguieron lo que otros ciudadanos no lograron, incluso bien mejor equipados, dando un ejemplo de seriedad y persistencia. Pero que estén atentos, ya que las iniciativas que permiten lucros a unos pocos son como el Ave Fénix. Siempre renacen de las cenizas.