La “Amazonía brasileña” depende de la que está fuera del Brasil, llamada “Amazonía andina”, por ser vecina a la cordillera de los Andes. Pese a ser el 35% de toda la Amazonía, garantiza el agua y la humedad para el 65% que se encuentra en el Brasil. Paradójicamente, las presiones más fuertes a la “Amazonía andina” provienen del Brasil.

Lo hace con grandes obras de infraestructura como carreteras inter-oceánicas, así como con gigantescas represas para energía. Las empresas brasileñas, contratadas por su propio gobierno, implementan la “marcha hacia el océano Pacífico”. Allí quiere llegar Brasil, para exportar a los atractivos mercados de China.

Parte de la solución es adecuar las prácticas de los mayores inversores en la Amazonía andina: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del Brasil, y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estos no aplican las salvaguardas ambientales que otros inversores emplean, desde hace tiempo. Por ejemplo, las que vienen aplicando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, desde hace 10 años.

En ese sentido, “Brasil necesita más sensibilidad y consciencia hacia la Amazonía fuera de su territorio”, dijeron varios especialistas. Aún las voces brasileñas más auto-críticas, en algún momento fueron disonantes para la Amazonía andina. Por ejemplo, Marina Silva, la ex candidata presidencial brasileña, afirmó que “Brasil necesita un liderazgo fraterno”. “No queremos liderazgo fraterno: queremos colaboración fraterna”, comentaron extra-oficialmente varios líderes de la Amazonía andina. Aún a pesar que la consideran una lideresa consecuente y hasta un “ejemplo de vida”.

También se conocieron iniciativas o soluciones prometedoras, que convendría aplicar en toda la cuenca amazónica. Una de ellas es que, los canales financieros que apoyan iniciativas para no deforestar en Brasil, lleguen al resto de los países amazónicos. Otra es el monitoreo del fuego y la deforestación, en tiempo real. Lo están realizando instituciones brasileñas sólidas, tanto científica como financieramente. Su calidad lo convierte en fuente permanente de la agenda mediática y en fuerte influencia científica para políticas públicas.

Igualmente los “Municipios Verdes”, que tienen reversión probada de deforestación extrema. La iniciativa parte de adecuadas políticas públicas municipales, reforzadas mutuamente con las de los estados y las del gobierno federal. También llamó la atención la red de fiscales o procuradores ambientales. En nombre del Estado, investigan, persiguen y se convierten en acusadores públicos de quienes cometen delitos ambientales.

En el ámbito privado, en 2011 destacaron las cadenas productivas sostenibles. Una de ellas fue la de la carne, en el municipio de Pará. Dejaron de contribuir a la deforestación, revisando todos sus procedimientos e insumos, incluyendo sus proveedores. Además, incorporaron las fuerzas del mercado. “Sólo compro carne verificada de hatos ganaderos que no aumentan la deforestación amazónica”, puede ser la consigna de la mayoría de los compradores finales.

Panamazonia

Amazonas 2030” demostró que la ciudadanía puede influir más que sólo como comprador final. La iniciativa monitorea cambios ambientales y de la calidad de vida en la Amazonía colombiana. Además, intensas y efectivas alianzas transfronterizas locales se están dando en la cuenca amazónica. Parten de problemas similares compartidos y de la histórica desatención de gobiernos nacionales. Con una clara visión panamazónica, gobiernos e instituciones locales se colaboran recíproca y efectivamente, sin la burocracia, lentitud y protocolo de los gobiernos nacionales.

Algunas figuras de protección han logrado detener parcialmente el desarrollo no planificado, generalmente vinculado a actividades ilegales. La Amazonía puede dejar de ser la mayor mancha continua de bosque del mundo, por esa causa. Una de las figuras de protección son las Áreas Protegidas, con sus diferentes categorías como la de “Parque Nacional”, entre las más conocidas. Los Territorios Indígenas y las Reservas de la Biósfera, son otras figuras de protección, con similares resultados.

También se vio el potencial de algunos instrumentos o estudios técnicos para llegar a generar políticas públicas adecuadas. Uno de ellos fue el estudio del avance de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que refleja la situación social y ambiental de la Amazonía. Otro instrumento fue los mapas de la Red Amazónica de Información Socio-ambiental Georeferenciada (RAISG). Integran diversos niveles o capas de información, permitiendo visualizar el estado actual de la cuenca, así como las tendencias de las presiones en el futuro.

La información corresponde a una evaluación informal de especialistas parte de la Articulación Regional Amazónica (ARA), una red conformada por casi 40 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en 6 países amazónicos.




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