El gobierno boliviano de Evo Morales está presto a construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que cortará bien al medio al Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro- Sécure (TIPNIS). Esta parte de la región amazónica es muy frágil (no en vano está protegida), pero más allá de los estragos ecológicos la obra puede ser un desastre histórico y social. El viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos y uno de sus directores, Luís Beltrán, siempre supieron de esto y batallaron dentro del propio gobierno para que el proceso de licenciamiento ambiental corriese dentro de la legalidad. Las presiones fueron tantas que ambos renunciaron en julio de este año.

El TIPNIS es un área natural protegida por el Estado boliviano que queda en la región de la Amazonia andina de transición, que va desde los 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, donde están las cabeceras de los ríos de la cuenca amazónica, hasta las llanos del departamento de Beni, a 189 metros. Es en esta región donde desde muchos años antes de la colonización española habitan pueblos y pequeños asentamientos indígenas moxeños-trinitarios, yuracarés y chimanes, y probablemente otros pueblos indígenas aislados.

El parque nacional fue declarado en 1965. En Bolivia, la categoría de Parque Nacional tiene como objetivo la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas y de los recursos de la flora, fauna, geomorfológicos, escénicos o paisajísticos. Pero en 1990 el gobierno reconoció el mismo local como territorio indígena, con una extensión total de 1.236.296 hectáreas, homologados en 1998. A partir de entonces, el área es considerada indivisible, imprescriptible, inalienable e inembargable. Como la conversión en Tierra Comunitaria de Origen (TCO) es una condición de propiedad de la tierra, y no categoría de protección, el gobierno estableció que la tierra indígena fuese compatible con el parque, siendo que los indígenas deben someterse al régimen especial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Infelizmente, desde la década de 1970 el TIPNIS es escenario de asentamientos masivos y del avance de la colonización, enfrentando actualmente serias amenazas debido a la proliferación de los cultivos de la hoja de coca, narcotráfico, explotación maderera, explotación de petróleo y la caza. Todo esto sumado a la disputa por los límites geográficos entre los gobiernos departamentales del Beni y Cochabamba. Hasta hoy ha sido posible enfrentar estas amenazas, pero no ha sido fácil. Son sus habitantes, los indígenas chimanes, moxeños y yuracarés, que hace mucho tiempo están luchando contra varios intereses políticos y privados de madereros y hacendados para conservar su territorio.

La carretera

Detalles técnicos •    Largo: 306 km •    Modalidad: Llave en mano, en el que la constructora se obliga a diseñar, construir y entregar en funcionamiento una obra determinada proyectada previamente por ella misma, por un precio definido con el cliente. Este tipo de contrato tiene el énfasis colocado en la responsabilidad global que asume la constructora. •    Empresa adjudicada: OAS Ltda. •    Fuentes de financiamiento: Gobierno de Brasil (80%) y Gobierno de Bolivia (20%). •    Costo total de proyecto: 415.000.425,39 dólares

Pero entre todas estas amenazas, ninguna ha sido más seria que la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Este es un proyecto que forma parte del programa de integración regional de los departamentos de Cochabamba y Beni, que pretende mejorar las condiciones de intercambio comercial entre ambas regiones, ya que disminuye el trayecto de 900 a 306 km, según explica Noemi Villegas, gerente socioambiental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), institución responsable de la planificación y gestión de la red caminera en Bolivia. Además de esto, la carretera forma parte del proyecto IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), por donde transitará el comercio entre el Pacífico y el Atlántico.

En el año 2008, la construcción de la carretera fue concedida a la constructora brasileña OAS Ltda., en un controversial proceso de licitación “llave en mano”, siendo la única empresa que presentó una oferta de diseño, construcción y financiamiento de la obra con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES). “Así se está cumpliendo un antiguo sueño”, dijo Evo Morales (sueño de 415 millones de dólares), y sueño financiado por el presidente Lula que en agosto del 2009 firmó el contrato de crédito para Bolivia.

A partir de entonces aparecieron sospechas sobre el contrato con la constructora brasileña, como indica la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Cochabamba, refiriéndose al valor referencial de la obra de 415 millones de dólares. De acuerdo con el presidente de SIB Cochabamba, el contrato define un precio referencial de 1,5 millones de dólares por kilómetro de carretera, cuando en Bolivia los costos varían de 500 a 700 mil dólares. Tomando en cuenta estimativas técnicas de similares construcciones hechas en Bolivia, el costo total de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no debería ser más de 315 millones de dólares, 100 millones menos del total establecido en el contrato con OAS.

Licencias ambientales y cambios en el vice-ministerio

La controversial obra viaria fue planeada en tres secciones: 1) Villa Tunari – Isinuta (Fuera del TIPNIS); 2) Isinuta – Monte Grande  (Dentro del TIPNIS); y 3) Monte Grande – San Ignacio de Moxos (Fuera del TIPNIS). Luego de ser definidas las tres secciones, comenzó la elaboración del diseño final de los sectores uno y tres, por estar fuera del TIPNIS, mientras los estudios para el sector dos están a la espera de la autorización de los indígenas locales.

Sin tener los estudios del sector dos (dentro del territorio indígena), y a pesar de los reclamos de la población indígena afectada y de instituciones ambientalistas, fuerte fue la presión para la firma de las licencias ambientales de las secciones uno y tres. Tanto que consiguieron, en julio, la renuncia del vice ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, y del director de Medio Ambiente, Luís Beltrán, ambos reconocidos ambientalistas bolivianos.

Ramos tenía en sus manos la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental de proyectos considerados fundamentales para la gestión de Evo Morales, como hidroeléctricas en la Amazonia y la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Según reportes de prensa y sin confirmación oficial, las renuncias fueron debidas a presiones provenientes de círculos del gobierno para firmar las licencias ambientales de la carretera que cruza el TIPNIS. Al final, Ramos y Beltrán renunciaron dejando este asunto abierto.

Quince días después, la nueva vice ministra de Medio Ambiente, la bióloga Cinthia Silva, entregó a ABC las licencias ambientales para la construcción de las secciones uno y tres de la carretera, explicando que mientras no se tenga la autorización de los pueblos indígenas no será realizada la sección dos. “Estas dos licencias habilitan la construcción de dos carreteras ya existentes. En ninguna de las dos se tocará ni un solo metro de selva virgen ni del territorio indígena del Parque Nacional (Isiboro – Sécure)”, afirmó la autoridad ambiental.

Con la entrega de las licencias ambientales, inmediatamente comenzó la construcción del campamento principal cerca a Isinuta, desde donde serán dirigidas las obras, que según la constructora OAS, comenzarán en diciembre.

Para intentar impedir la construcción de la carretera, los indígenas ya buscaron al presidente boliviano Evo Morales, que no les dio respuestas animadoras sobre su pleito. “Este lugar es nuestro Edén, porque allí tenemos todo y precisamente por el corazón de nuestra tierra santa, ahora el gobierno quiere construir una carretera. Es la zona de refugio de las inundaciones constantes en el departamento de Beni (tierras bajas de Bolivia)”, dice Adolfo Moye, presidente de la organización del TIPNIS, al explicar como la carretera podrá destruir la cultura de tres grupos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.

Además de impactos a la cultura indígena, están previstos deforestación, cambio en los cursos de ríos, daños al drenaje natural y pérdida de biodiversidad. En el nivel económico social también será fuerte el impacto, generando colonización y conflictos por la tierra. “Llegar a este territorio fue el resultado de una peregrinación de muchos años y mucha dificultad para nuestros abuelos, hasta que consiguieron el lugar adecuado para vivir”, afirma Moye, que representa más de 11 mil habitantes de 64 comunidades de los grupos indígenas moxeño-trinitario, yuracaré y chiman.