Obras provocan reducción de unidades de conservación

En beneficio de la construcción del Complejo Tapajós, en su totalidad compuesto por seis usinas hidroeléctricas, el gobierno federal de Brasil decidió reducir el tamaño de cinco Unidades de Conservación (UCs) en la cuenca del río Tapajós, en el estado de Pará. La información fue divulgada por el Instituto Socioambiental (ISA). La decisión debe afectar los parques nacionales (PARNA) de la Amazonia y de Jamanxim, los bosques nacionales (Flona) de Itaituba I y II y el área de protección ambiental (APA) del Tapajós. En total quedarán desprotegidas y podrán ser inundadas 78 mil hectáreas, equivalentes a 78 mil canchas de fútbol o un área mayor que la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía.

La medida fue tomada para permitir el licenciamiento y la implementación de tres de las hidroeléctricas del Complejo: São Luiz do Tapajós (6,1 mil MW de potencia instalada), Jatobá (2,3 mil MW) y Cachoeira dos Patos (272 MW). Según comunicado oficial del ISA, esta “fue la solución encontrada para burlar la ley, que dificulta o prohíbe la construcción de usinas en unidades de conservación que deben ser afectadas”. La decisión puede hacerse oficial en julio por medio de proyecto de ley o Medida Provisoria (MP).

Rômulo Mello, presidente del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), llegó a afirmar que este es un “procedimiento normal”, pues debe ampliar o crear nuevas áreas como compensación, sin considerar el hecho de que, actuar de esta forma, Brasil adiciona nuevos elementos al retroceso de su legislación ambiental (vea la aprobación del nuevo Código Forestal por la Cámara de Diputados, lo que ya ha impulsado la reducción de bosques).

El área que dejará de contar con protección ambiental es rica en biodiversidad. Para Eduardo Góes Neves, profesor de la Universidad de São Paulo (USP), la construcción del complejo en el río Tapajós es extremamente preocupante, pues puede destruir sitios arqueológicos. “Una catástrofe”, dice. “Los lagos generados por las represas inundarán parte de las unidades de conservación del mosaico de la BR-163, además de inundar parte de la BR-230, lo que generará más deforestación, para reubicar parte de las carreteras. El complejo afectará el mayor mosaico de unidades de conservación de Brasil, creado para detener los desmontes. Es mucha incongruencia”, afirma Maria Lúcia Carvalho, gestora del Parque Nacional de la Amazonia. El impacto de las seis usinas también puede afectar los pueblos indígenas de las tierras Munduruku, Saí Cinza y Apiacás.

Por detrás de los Complejos

Telma Monteiro, investigadora y especialista en cuestiones que envuelven la construcción de grandes hidroeléctricas en la Amazonia, elaboró un estudio en el cual afirma que una de las mayores motivaciones del gobierno federal en construir el Complejo Tapajós (y también el de Teles Pires, en Mato Grosso, con cinco usinas) es un conjunto de acuerdos referentes al gerenciamiento de aguas, biocombustibles y logística portuaria firmados, desde 2008, entre Brasil y Holanda. “Junto a estos complejos hidroeléctricos están en curso proyectos de hidrovías que sólo podrían ser viabilizadas con la creación de grandes reservorios en los trechos naturalmente infranqueables, por piedras o rápidos, característicos de los ríos de la Amazonia”, afirma.

Un ejemplo es la hidrovía Tapajós-Juruena-Teles Pires, desarrollada por la Administración de Hidrovías de la Amazonia Oriental (AHIMOR) y que debe poseer 20 mil kilómetros de malla hidroviaria navegable sólo en la región amazónica. Por un lado, en Brasil, sería utilizada para promover el comercio exterior de commodities de Mato Grosso (como granos y biocombustibles) y de Pará (minerales). Por otro, de acuerdo con la investigadora, Brasil “es el más importante mercado emergente en el mundo e imprescindible para mantener la estrategia de crecimiento de las exportaciones holandesas a América Latina”. El Plan de Aceleración de Crecimiento (PAC) prevé la construcción de 36 terminales hidroviarios en la Amazonia. 21 ya estarían en obras y 15 en etapa de licitación.

UCs en peligro

Reducciones o cambios de categoría en Unidades de Conservación motivadas por fines políticos y económicos han ocurrido en otras regiones de la Amazonia brasileña. El día 9 de mayo de este año la Ley Estadual N° 3.602, publicada en el Diario Oficial del Estado de Amazonas, transformó el Parque Estadual Nhamundá, en el límite entre Amazonas y Pará, de protección integral, en Área de Protección Ambiental (APA) Guajuma. La alteración, a partir de ahora, permite el acceso de la Línea de Tucuruí, que llevará energía eléctrica de Pará hasta Manaus – lo que era prohibido antes.

Además, conforme afirma Rita Mesquita, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA), “parte del parque estaba comprometido por ocupaciones de haciendas de ganado y existe un interés mineral enorme en el área. Como APA estos problemas acabaron. De la forma en que se hizo, el Parque desapareció, las nuevas áreas previstas, incluso ya habiendo pasado por consultas públicas, no fueron creadas y una biodiversidad amenazada quedó olvidada. Y sin hablar de las comunidades, que ciertamente cederán, a su debido tiempo, sus lugares de vida a la expansión de la ganadería de otros”.

Aún en Amazonas, la Asamblea Legislativa autorizó en diciembre del 2010 el cambio de categoría del Parque Estadual de Río Negro Sector Sur en Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS). “Con la transformación y considerando el proceso de invasión, el primate Tamarino Bicolor, especie endémica y amenazada, estará destinado al desaparecimiento. El asunto es complejo, pero puede ser resuelto de modo que todos ganen: comunidades ribereñas, indígenas, recursos naturales y especialmente el Tamarino”, afirma Rita.

En Rondonia, en julio del año pasado la asamblea del estado revocó siete unidades de conservación – más de 973 mil hectáreas quedaron desprotegidas. Mientras tanto, en Roraima y en Amazonas aún persiste la polémica por la creación de la Reserva Extractivista (Resex) Bajo Río Branco - Jauaperi, de 600 mil hectáreas. La región es considerada prioritaria para la conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) por ser dueña de rica biodiversidad, pero el proceso de su creación ya totaliza diez años, está finalizado, parado y hasta ahora no salió de papel por tratarse de un local rico en recursos madereros y, por tanto, en conflictos de intereses. “En abril, en Parintins, la ministra de Medio Ambiente Izabella Teixeira prometió crear la Resex en la semana del medio ambiente y una vez más nada fue hecho”, afirma Carlos Durigan, de la Fundación Victoria Amazónica (FVA). Esta misma promesa ya habría sido hecha otras veces.

Por presión de madereros, hacendados, mineros y del gobierno, 29 áreas protegidas en la Amazonia fueron reducidas o extinguidas entre 2008 y 2009. El total de bosques perdidos fue de 49 mil km². De acuerdo con estudio publicado en mayo por el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), en diciembre de 2010 las áreas protegidas en la Amazonia Legal representaban 43,9% de la región y sumaban 2.197.485 km2. Del total de UCs, apenas 24% poseen planes de manejo aprobados. Como promedio existen dos funcionarios por unidad, cada uno responsable por administrar casi 2 mil km².

Según un comunicado oficial del propio MMA, unidades de conservación “desempeñan papel crucial en la protección de recursos estratégicos para el desarrollo del país y contribuyen para el enfrentamiento del calentamiento global. Además de servicios ecosistémicos, como garantía de agua para la población y para diversas actividades productivas, pueden generar beneficios lucrativos y actividades productivas para poblaciones tradicionales”. El discurso, sin embargo ha sido acompañado por acciones equivalentes.


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