En la mira de los pistoleros

A los 45 años, Nilcilene Miguel de Lima es una amazónida (originaria de la Amazonia) exilada dentro de la Amazonia. Está lejos de la familia y de la tierra donde aún sueña con cuidar de sus seis mil plantas de café y del cultivo de banana. Desde que se escapó de una emboscada, vive bajo los efectos de remedios, escondida y asustada. Desea mucho regresar a casa, en el Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS) de Gedeão, en Lábrea, estado brasileño de Amazonas, pero esto puede costarle su propia vida. Entre todas las noticias que de allá recibe, una es siempre repetida: Si ella regresa, muere.

Un pistolero contratado para matarla mantiene la amenaza contra la vida de Nilcilene. “Él dijo que me quería matar y también quebrar mi pierna”, cuenta la agricultora. Y lo peor, según ella, es que el pistolero contratado para el “servicio” es conocido, habría sido el autor de una muerte en Acre y aun así continúa libre. “Él está dentro del asentamiento, para matarme”.

Hija de siringueros, con cuatro hijos nacidos y uno en la barriga, quedó viuda. Cuando su primer marido, Chico Seringueiro, fue muerto debido a conflictos de tierra, ella se fue a vivir a la calle. Los hijos fueron a un albergue hasta que ella consiguió un nuevo empleo y empezó a trabajar. Se casó nuevamente y se fue a vivir en las tierras de la suegra, en Extrema, estado de Rondonia. Allá estuvo 12 años, hasta que se mudó a tierras al sur del Amazonas.

En junio de 2010, cuando ya era presidenta de la Asociación Dios Proveerá (ADP), que reúne agricultores y siringueros, fue golpeada por hombres encontrados por ella retirando madera. Hasta hoy siente dificultades para escuchar por un oído debido a los golpes recibidos. Buscó a la policía, se realizó exámenes, fue a Manaos, pero acabó retornando a Lábrea y recibió el ultimátum, debería salir hasta agosto de aquél año. “Llegó el mes, quemaron mi casa y todo mi café”, cuenta.

Este año, señalada por madereros y grilleros como autora de denuncias que llevaron al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Ibama) a actuar en la región, volvió a ser amenazada. Recibió de amigos la alerta sobre el pistolero que la esperaba y consiguió huir. El día 10 de junio estaba lejos de Lábrea, protegida, pero asustada y triste por la distancia de las tierras y de la familia. “Quien debería estar preso era el pistolero y los matadores, pero quien está presa soy yo”, lamenta.

Nilcilene hasta escribió una carta en la que culpa al estado brasileño en el caso de ser asesinada. “Yo quiero es que detengan a los bandidos y dejen a la gente trabajar, somos brasileños. Quiero regresar a mi lugar”, apela. Ella cuenta que agricultores y siringueros viven presionados por los grilleros y madereros que compran madera de los asentamientos. Quien no vende corre el riesgo de morir. “Ellos no viven allá, no viven del sudor. Yo soy nacida en el monte, siringuera, defiendo el medio ambiente”, afirma.

El asentamiento está ubicado en Villa California, una región al sur del Amazonas, bien cerca de la frontera entre los estados de Rondonia y Acre. Por allá viven cerca de 500 familias entre siringueros y asentados de la reforma agraria. Queda en la misma región donde vivía el líder campesino Adelino Ramos, Dinho, asesinado en Rondonia a finales del mes de mayo. Dinho era sobreviviente de la masacre de Corumbiara (Rondonia) y presidente del Movimiento Campesinos Curumbiara y de la Asociación de Campesinos del Amazonas. Fue muerto al estacionar el automóvil en que llevaba verduras producidas en el campamento para vender.

Violencia en Amazonas

Pese a que el número de asesinatos debido a conflictos por tierra en Amazonas aun esté entre los menores de la Amazonia Legal, el estado ya es campeón, al lado de Pará, en número de amenazados. Son 30 en cada uno de los dos estados. Sólo en la región de Villa California, de donde vino Nilcilene, existen otras cinco personas amenazadas. Los casos trajeron a representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) del gobierno federal a la región. Después de entrevistas y visitas a los locales de conflictos, llegaron a un total de 131 personas amenazadas en la región.

En un análisis del abogado José Batista Afonso, de la CPT de Pará, la violencia acompaña la expansión de la frontera agrícola y la explotación maderera. Es lo que está sucediendo en el sur de Amazonas, donde la deforestación aumenta al mismo tiempo que el grillaje y los casos de violencia. Y fue lo que sucedió en otros estados, como Mato Grosso, Rondonia y Acre.

Pero los casos no se limitan a estas regiones. En Mamirauá, cercana al río Solimões, a centenares de kilómetros del Arco de Deforestación, ribereños de la Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS) Mamirauá, famosa por sus planes de manejo, afirman ser amenazados por pescadores y políticos de Fonte Boa (Amazonas) debido a la pesca en los ríos de la región. Los ribereños mantienen proyectos de explotación sostenible de Pirarucú y acuerdos de pesca en lagos del local limitan la actividad de pescadores.

Según datos de la CPT, el año pasado 18 personas fueron asesinadas en Pará. Además de los asesinatos, en 2010 fueron registradas 41 tentativas de homicidio en la Amazonia Legal, 110 personas recibieron amenazas de muerte en estados de la región, dos fueron torturadas, 21 presas y 20 agredidas.

La impunidad y la falta de acción de las autoridades contribuyen para esta situación. En el caso de José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espirito Santo Silva, cerca de dos meses después del asesinato, en Pará, la policía civil completó la investigación e indicó nombres de los supuestos autores, pero hasta ahora nadie fue preso. El hacendado José Rodrigues Moreira, apuntado como uno de los mandantes, pretendía ampliar el área de ganadería dentro de la reserva extractivista y estaba presionando a los agricultores, según la CPT, con la ayuda de policías militares y civiles. La pareja asesinada se oponía a esta ampliación.

Además de Rodrigues, hay los nombres de dos ejecutores: Lindonjonson Silva Rocha y Alberto Lopes do Nascimento. La policía pidió la prisión temporaria de los tres, con un parecer favorable del Ministerio Público, pero el pedido fue negado por el juez del 4to Distrito Criminal de Marabá, Murilo Lemos Simão. Otro pedido de prisión preventiva, también fue presentado por la policía y negado por el juez. Desde entonces, instituciones piden el alejamiento de Simão del caso.

En una nota recientemente publicada y firmada por 11 organizaciones, entre ellas CPT y CNS, la decisión del juez contribuyó para que los acusados huyeran de la región y es “otro paso a favor de la impunidad que ha sido la marca de actuación del poder judicial del estado de Pará en relación a los crímenes en el campo”. Testigos estarían bajo riesgo, ya que sus nombres fueron divulgados por la policía. Caso un nuevo juez no sea definido, las organizaciones pedirán la federalización del proceso. Otra crítica hecha al juez es debido a haber decretado la confidencialidad de las investigaciones, aún sin que esto haya sido solicitado.