Al mismo estilo de un lanzamiento inmobiliario, el anuncio que el gobierno federal estampa en folletos no escatima promesas para atraer inversionistas en bosques de dominio público: “Oportunidades de negocios en el Oeste paranaense; mas de 350 mil hectáreas para concesión, elevado potencial maderero; vías de salida por el rio Tapajós y  BR 320 (Transamazónica), garantía de abastecimiento sustentable; vector de desarrollo e inversión para la región”. El escenario de la nueva frontera es el Bosque Nacional de Amana, en los límites de Para con el Amazonas, donde 210 mil hectáreas de tierras públicas están abiertas para la explotación de maderas, mediante el manejo forestal.

Lanzado recientemente en Sao Paulo en la feria Brasil Certificado, donde el Servicio Forestal Brasilero (SFB) dividió el espacio con stands  de empresas del sector, el llamado publico de concesión prevee la división del área en cinco lotes. La inversión varía de R$ 2,8 millones a R$ 12 millones de reales, con una previsión de retorno entre cinco años y medio a siete años y medio—tiempo que puede disminuir en la medida que las madereras se benefician del recurso forestal y agregan valor a los productos.

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“La concesión de bosques públicos garantiza el acceso a tierras legalizadas, sin el problema de inseguridad jurídica y de posesión de tierra que hoy entorpece las inversiones en la Amazonia”, afirma Antonio Carlos Hummel, director general del SFB. Para él, es el comienzo de un cambio en el juego, pues “tradicionalmente la región abastece a la industria maderera con un alto grado de ilegalidad e invasión de tierras públicas”. Él dice que el punto de inflexión fue la suspensión de los planes de manejo en el 2003 y en el inicio de la represión y un control más estricto por parte del gobierno. La actividad maderera se estremeció.”Como indicador de la nueva realidad en 2009, la producción cayó a 14 millones de metros cúbicos, mientras que el promedio de años anteriores fue de 25 millones", ilustra Hummel.

Un informe previsto a ser  lanzado en mayo por el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente (Imazon) muestra que con la reducción de la madera ilegal, apenas quedaron 30 de las 260 empresas madereras antes existentes en la región de la BR 163 entre Cuiabá (MT) a Santarém (AP), uno de los principales focos de deforestación en la  Amazonia. "Las concesiones forestales surgen para cambiar la lógica de la anarquía y abastecer el mercado, aunque hasta el momento las cifras sobre el potencial de los espacios públicos para la explotación sean muy inferiores a la necesidad de consumo", explica Hummel. El camino, según él, es largo. Hay resistencia de los madereros que desconfían del nuevo modelo. "Muchas son medianas y pequeñas (empresas madereras), que necesitan capacitación, porque solo sobrevivirá quien trabaje dentro de la ley".

La concesión del Bosque Nacional (Flona por sus siglas en portugues) de Amana es la tercera lanzada por el gobierno federal, luego de la ley 11.284, de 2006 que reglamento la actividad. La primera fue la Flona de Jamari, en Rondonia, abierta para el aprovechamiento forestal en el 2008. El área esta con planes de manejo aprobados y hoy las tres empresas vencedoras del concurso – Amata, Madeflona y Sakura—realizan inventarios de las especias, previendo iniciar la explotación en julio. En el área están siendo construidos alojamientos y puestos de control. Las madereras tienen derecho de explotar el bosque por 40 años, lo que significa mayor garantía para la inversión.   Además del costo del llamado publico y del valor equivalente al primer año de producción, las empresas pagan al gobierno un alquiler con base en el volumen y en el precio de mercado de las especies de madera explotadas. Los cofres públicos, según los cálculos del SFB, deberán arrecadar R$ 50 millones de reales por año con un total de seis áreas concedidas en los próximos cinco años.

“La explotación tendrá impacto reducido”, garantiza el investigador José Natalino Macedo, del SFB, recordando que la legislación tiene criterios de precaución, como el corte limitado a 25 metros cúbicos por hectárea y la manutención de 10% de los arboles como semilleros. Además,   solo pueden ser explotadas especies con un número mayor a tres ejemplares por hectárea. “Modelos matemáticos desarrollados por la Empresa  Brasilera de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa) en Pará son capaces de prever la regeneración del bosque a lo largo de 200 años”, informa Macedo.

Sectores ligados a la investigación científica y organizaciones no gubernamentales resaltan que una evaluación totalmente segura llevará tiempo. Los criterios de explotación fueron elaborados a partir de experiencias de de largo plazo en el exterior. En la Amazonia brasilera, el manejo  comercial del bosque para madera comenzó en 1997. Como el ciclo de corte tiene una duración de 30 años, sólo después de ese período sería posible obtener un análisis concluyente.

El manejo forestal despegó después que el informe “Dar en el Blanco” (“Acertando o Alvo”), divulgado en el 2000 por organizaciones ambientalistas, señaló por primera vez en la historia el origen  y el destino de la madera de la Amazonia. Mostró que el 86% es consumida en el mercado interna y la mayoría proviene de la actividad ilegal.

“Diez años después las cosas no han cambiado mucho”, afirma Roberto Smeraldi, director de la organización  Amigos da Terra Amazônia Brasileira, co- autora del informe. Entre los avances está la expansión de la certificación - la etiqueta que distingue para los compradores que el producto obtenido cuenta con criterios socio-ambientales. El precio de la madera legal ha más que duplicado, lo que hace su explotación un buen negocio, siempre que no haya competencia desleal de los productos clandestinos. La concesión forestal, estima Smeraldi, incentivará las prácticas sociales y medioambientales para obtener el sello. "Pero lamentablemente hasta ahora  ningún metro cúbico de madera ha sido producido efectivamente en las áreas concedidas", se lamenta.

“La burocracia y la falta de reglas dificultan las inversiones en el manejo forestal”, critica Mauro Armelin, coordinador del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de WWF Brasil. ‘El reclama que “el gobierno ejerce el control a nivel de detalles, como las especies deben ser explotadas, lo que acaba empujando a los productores a la ilegalidad”. Las esperanzas están en el mercado REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), que deberá impulsar el manejo forestal en el país a partir de este año. A un nivel global, hasta el 2012 están previstos recursos de US$10 billones de dólares por año para proyectos REDD, la mayor parte en ambientes de bosques.

Después del fin de las consultas publicas en abril, el padrón brasilero de criterios para REDD deberá ser aprobado a fines de mayo. “Será la base socio ambiental pata orientar diferentes mecanismos, como el Fondo Amazonia, e las legislaciones federales y estaduales que están siendo discutidas sobre el tema”’ explica Mauricio Voivodic, del Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora).

Sérgio Adeodato es un periodista que pasa a través de diferentes medios de comunicación en Brasil. Autor de los libros Amazônia - Floresta Assassinada (Terceiro Nome, SP, 2006), Arte da Reciclagem (Editora Horizonte, SP, 2007), Reciclagem Ontem, Hoje, Sempre (Cempre, 2008) y Caminhos para Mudança (Imaflora, 2009), el periodista ganador del Premio Ethos de Periodismo es Premio Docol / Ministerio de Medio Ambiente de Periodismo.