Una comisión formada por autoridades del gobierno del estado de Mato Grosso fue a Brasilia el último martes, 30 de agosto, para presentar al Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y a representantes de otros 14 ministerios la propuesta de Zonificación Socioeconómica y Ecológica (ZSEE) del estado. La ley, sancionada en abril por el gobernador del estado Silval Barbosa, contiene equívocos técnicos y jurídicos, elimina tierras indígenas, reduce áreas dedicadas a la conservación y a la protección de los recursos hídricos y prácticamente duplica las regiones destinadas a la agricultura y a la pecuaria. Esto evidencia que, si un día el estado ya estuvo comprometido con una gestión ambiental responsable, eso ya quedó en el pasado.
Las fallas de la propuesta y los perjuicios socioambientales de la ley de zonificación fueron discutidos por la sociedad del estado en mayo, durante un seminario en Cuiabá que contó con la presencia de indígenas, movimientos sociales, investigadores, parlamentarios y fiscales. El gobierno de Mato Grosso rehusó asistir al evento que demostró, entre diversos puntos, la clara conexión de la propuesta con el debilitamiento del Código Forestal brasileño.
“Por el ‘nuevo’ Código, las zonificaciones estaduales ya no tendrán que ser aprobados por el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama). Otro punto de consonancia es la lógica de la consolidación del máximo de ocupaciones posible”, señaló André Lima, del Instituto de Pesquisas Ambientales de la Amazonia (IPAM). El ex secretario de Medio Ambiente de Mato Grosso,
Alexander Maia, reconoció públicamente que los recientes mega desmontes en el estado tienen relación con el ‘nuevo’ Código Forestal y con la ley de zonificación. A fines de agosto, el entonces secretario entregó su cargo alegando presión política.
Uno depende del otro
Según el IPAM, la zonificación de Mato Grosso representa un aumento de más de 50 mil km² de áreas con licencia para desmontar, si comparamos con la situación actual. En toneladas de gas carbónico equivalente, eso significa otros tres billones, lo que alcanza a los compromisos internacionales de reducción de emisiones firmado por Brasil.
Ya el ‘nuevo’ código deja a propósito en abierto la elaboración de leyes (federales, estaduales o municipales), capaces de autorizar la supresión de áreas de preservación permanente (APPs) en casos de utilidad pública. “Los artículos 38 y 58 indican que nuevos desmontes tendrán facilidad para la regularización y el embargo a las áreas devastadas ya no será obligatorio. La pena de recuperar la vegetación en 30 años – y únicamente 50% del área deforestada, aún con especies exóticas o a través de compensación en otro estado – pasa una sensación de impunidad. Es imposible afirmar que el ‘nuevo’ Código traerá una mejor gobernanza ambiental”, explica Lima, del IPAM. “Eso muestra que la deforestación compensa económicamente”.
La autorización para recuperar reservas legales en 50% y no 80% en la Amazonia, contenido en el ZSEE de Mato Grosso, anticipa un cambio previsto en el ‘nuevo’ Código, así como la medida que exime la necesidad de recomposición forestal en propiedades de hasta cuatro módulos fiscales. Eso, según cálculos del IPAM, equivale a un área de 30 a 48 millones de hectáreas en el país. “Es absurda la permisividad respecto a la siembra de caña de azúcar en la Cuenca del Alto Paraguay y en la Amazonia. La propuesta sólo excluye áreas inundadas, donde es imposible cultivar cualquier cosa. También impide la creación de unidades de conservación en áreas con potencial de exploración hídrico y mineral”, dice Bruno Siqueira Abe Saber Miguel, analista ambiental del MMA.
Diversos pueblos indígenas dijeron desconocer la ley de zonificación. Según la fiscal Márcia Zollinger, del Ministerio Público Federal (MPF), existen tierras indígenas listadas en las directrices de la ley, pero que no están en el mapa. Este es el caso de 13 áreas que suman cerca de dos millones de hectáreas. Otras, a su vez, están representadas en el mapa como trazos, en el rol de las convenciones cartográficas, como ríos, carreteras y ciudades. “Bajo estas áreas en el mapa lo que vale es la categoría de uso del suelo y no el status de protección de la tierra indígena. Eso induce al conflicto fundiario porque desorienta. Y es una violación a la legislación federal. Es manifiesta la inconstitucionalidad de esta ley”, afirmó Zollinger.
Desempeño pobre en la gestión ambiental
Según análisis del Instituto Centro de Vida (ICV), a pesar del estado haber reducido la deforestación en 90% en relación al periodo 2001-2005, aún es totalmente incapaz de controlarlo. “94% del desmonte en Mato Grosso es ilegal. Quemas y degradación forestal se mantienen con índices muy altos”, recuerda el coordinador ejecutivo de ICV, Laurent Micol. La falta de preparación del estado para lidiar con el desmonte ilegal es revelado, entre otros factores, por el bajo número de adhesiones al sistema estadual para licenciar propiedades: 3% de incremento del área en relación a 2009. Hasta hoy, sólo el municipio de Querência abandonó la lista de los mayores desmontadores de la Amazonia en el estado, al registrar 80,51% de propiedades en su Catastro Ambiental Rural (CAR).
Los estudios de ICV indicaron que el estado también disponibiliza una cantidad insuficiente de informaciones sobre desmontes, quemas y explotación forestal. Además, la tasa de responsabilización continúa dando condiciones para más desmonte: Sólo 0,5% de las multas aplicadas fueron efectivamente pagadas en Mato Grosso.
La Asamblea Legislativa del estado continúa indiferente en relación a todas esas cuestiones. Al percibir las articulaciones de contestación de la zonificación, lanzó una nota de aclaración negando todas las críticas y un spot televisivo pasando la imagen de que el proceso de consultas públicas para la elaboración de la propuesta fue democrático. El concejal de Cáceres, Alonso Batista (PT), que presenció amenazas de violencia física y verbal contra organizaciones socioambientales presentes en diversas audiencias, cuestionó. “Los parlamentarios llegaron a decir que no podían acatar la opinión de los movimientos sociales. Nadie sabía lo que había sido realmente votado. ¿Eso es democrático?”
