Escrito por Gustavo Vieira
Viernes 21 de Octubre de 2011 08:26
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Por presión de organizaciones de la sociedad civil, en julio de 2006 empresas y gobierno se unieron a ambientalistas para boicotear productores rurales que deforestaban la selva para plantar soya. Nacía la moratoria de la soya. El Grupo de Trabajo de la Soya (GTS) fue compuesto por la
Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Brasileña de los Exportadores de Cereales (Anec) que, juntas, tienen el 90% de los compradores de grano. También forman parte del Grupo el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), Ministerio de Medio Ambiente y las organizaciones World Wild Foundation (WWF), The Nature Conservancy (TNC), Conservación International (CI), Amigos de la Tierra, Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia (Ipam), Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora), Sindicato de los Trabajadores Rurales de Santarém y Greenpeace.
Juntos, decidieron monitorear imágenes de satélite y quitar el mercado a quien plantaba soya destruyendo la Amazonia. La moratoria es bien vista en el mercado internacional, que estaba dejando de comprar el producto que viniese de áreas amazónicas deforestadas. En el día 7 de este mes un grupo de empresas internacionales consumidoras de la soya brasileña – Mc Donald's Europa, Mark and Spencer, Carrefour, entre otras – envió una carta de apoyo a la iniciativa reforzando su intención de que la industria, gobierno y sociedad continúen actuando juntos para modificar la cadena productiva agrícola brasileña en este momento en que las leyes ambientales están bajo amenaza en el congreso nacional.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, desde que la moratoria fue firmada, 11.698 hectáreas de bosque fueron derribados para dar lugar al grano, según datos del
informe anual del GTS que, la semana pasada, extendió la moratoria hasta enero del 2013. Esta cifra equivale a sólo 0,39% del área total de soya plantada en todo el país. En la Amazonia, ocupa 1,94 millones de hectáreas.
En los monitoreos del 2007 la mayoría de las propiedades escogidas tenía apenas vestigios de quemas y corte al ras. En las imágenes del 2010 muchas ya se encuentran con plantaciones de arroz, cultura que antecede la soya.
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En las imágenes monitoreadas aún no es posible saber quiénes son los responsables por la deforestación, debido a que pocos productores realizaron el
el Catastro Ambiental Rural (CAR). “Vamos a estimular la adhesión para un día poder responsabilizar a quien desmontó para plantar”, afirma Carlo Lovatelli, de la Abiove. El CAR es parte del Programa Más Ambiente del gobierno federal y es el documento donde el propietario rural regulariza la posesión de su propiedad, declara cuáles son sus áreas de preservación permanente (reconocidas como de utilidad pública, quedan dentro del inmueble rural y deben ser preservadas conforme al actual Código Forestal). El CAR permite que multas ambientales sean revertidas en prestación de servicios y también es un instrumento de fiscalización, pues el catastro de la propiedad permite que la misma sea monitoreada.
Programas federales como el Tierra Legal y el propio Más Ambiente – donde encontramos el Catastro Ambiental Rural – son voluntarios y tienen bajísima adhesión entre los productores. Aun así el monitoreo hecho por el GTS mejoró – el Inpe subió sus monitoreos de plantío de soya de 49 a 375 mil hectáreas en los últimos cuatro años. Aumentó la sinergia de informaciones sobre el terreno y de los órganos ambientales estaduales, pero sin el catastro es difícil de identificar los propietarios. “Hay una necesidad de cambiar la escala de aplicación de los instrumentos de gobierno para la preservación del medio ambiente, pero estamos invirtiendo en las estructuras. El apoyo de los compradores de soya al CAR es fundamental”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
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Actuación conjunta
La Confederación de la Agricultura y Pecuaria del Brasil (CNA) difiere del trabajo del GTS y en nota oficial de esta semana descalifica la legitimidad de los participantes. “Las ONGs internacionales involucradas en la mencionada Moratoria de la Soya no tienen cualquier legitimidad para usar instrumentos creados por el poder público, como ejemplo el CAR, con el claro objetivo de molestar a los productores rurales brasileños, asumiendo funciones que no les competen”, afirma en la nota la presidente de la CNA, senadora Káthia Abreu.
| Brasil es el segundo mayor exportador de soya del mundo, atrás de los Estados Unidos. La zafra del país entre 2011 – 2012 está oficialmente estimada entre 72,18 y 73,29 millones de toneladas, debajo del record de 75,3 millones del ciclo anterior (2010 – 2011) debido a la expectativa de menor productividad, según la Secretaría de Comercio Exterior. |
Ya para el presidente de la Abiove, Carlo Lovatelli, la iniciativa es una misión bien acertada, pues mejoró la imagen de los asociados y fue más allá de la histórica confrontación entre productores rurales y ambientalistas. “Hoy la soya ya no es el principal vector de deforestación de la Amazonia. Quien deforesta para plantar se quedará sin mercado para vender su producto. El apoyo de nuestros compradores internacionales prueba esto.”
“La decisión de la industria va más allá de la ley. Llega a empresas que no quieren comprar soya de deforestación, pues sus consumidores no quieren comer la destrucción de la Amazonia”, dice Paulo Adário, de Greenpeace. “Vamos a tener que decidir juntos cuál es la mejor ley para preservar nuestra biodiversidad y los mercados mundiales para nuestros productos”, complementa la ministra Izabella Teixeira. La moratoria de la soya no tiene fecha para acabar.
