Escrito por Thiago Foresti
Miércoles 14 de Diciembre de 2011 09:11
Áreas Protegidas son instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Su uso ha sido importante aliado contra la deforestación. Su protección estratégica está asegurada por la constitución y la delimitación de estos espacios está basada en estudios científicos que consideran el equilibrio ecosistémico, biológico, valores culturales y escénicos. A pesar de su importancia, áreas protegidas como Unidades de Conservación (UCs) de la Amazonia brasileña corren el riesgo de desaparecer, disminuir o incluso tener sus categorías modificadas en nombre de intereses políticos y económicos.
Investigadores muestran que existe un gran movimiento de desmonte de UCs en la Amazonia a través de Proyectos de Ley, acciones judiciales, resoluciones administrativas, decretos ejecutivos y zonificaciones estaduales. En 2010, el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) realizó un estudio en 48 áreas protegidas de la Amazonia Legal. 92% de estas áreas sufre algún tipo de presión externa directa por posesión, explotación de madera, obra de infraestructura y explotación minera. Además, existen 37 propuestas formales de alteraciones de estas unidades. “Ya fueron reducidos 13% de un total de 386.500 km2 de áreas protegidas en la Amazonia. Esto fuera de lo más de 80 mil km2 de casos pendientes de decisión hasta la época en que finalizamos el análisis”, dice Paulo Barreto, investigador del Instituto.
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“En Rondonia, el 2009, cuando el gobierno federal confiscó ganado criado ilegalmente dentro de un Bosque Nacional (Flona, en portugués), el gobierno estadual reaccionó con un chantaje: O ellos reducían o alteraban la categoría del área o el estado suspendería las licencias estaduales para la construcción de las hidroeléctricas Jirau o Santo Antonio”, recuerda Barreto. Fue entonces que un proyecto de ley redujo parte de esta área y transformó la otra parte en Área de Protección Ambiental (APA), categoría más blanda y que permite la ocupación privada.
Recientemente, un Decreto Supremo de Dilma Rousseff redefinió límites de tres UCs: Parque Nacional (Parna) de la Amazonia (Estados de Amazonas/Pará), Parna de Mapinguarí (Amazonas/Rondonia) y Parna de los Campos Amazónicos (Amazonas/Rondonia/Mato Grosso). El decreto tiene el objetivo de constituir un asentamiento sostenible dentro del primer parque y dar espacio a la construcción de las hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio en el segundo. Así abre un peligroso precedente y merece atención porque el gobierno dejó de expropiar grandes haciendas prefiriendo destrozar una UC para realizar la reforma agraria y, además, os límites de un área protegida fueron modificados sin análisis de los impactos de la obra.
“Existe un movimiento amplio de subordinación de la agenda ambiental y de conservación de nuestro país”, afirma Henyo Barret, director académico del Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB). “Son señales contradictorias. Al mismo tiempo en que el país reconoce en encuentros y reuniones internacionales que la crisis ambiental es grave y necesita de atención, aquí dentro estamos presenciando un ataque a la legislación ambiental en pro de obras de infraestructura y del agronegocio”, dice Adriana Ramos, secretaria ejecutiva adjunta del Instituto Socioambiental (ISA).
“Es preocupante esa práctica de reducir y modificar categorías de UCs. Principalmente porque en la mayoría de los casos eso ocurre sin ningún estudio sobre las implicaciones de esta reducción en los atributos ambientales y socioambientales. Esto toca a la Constitución Federal. La supresión de cualquier UC sólo puede ser hecha por ley, sin embargo está vetada la utilización que comprometa el atributo que justificaba su creación”, explica Brent Milikan, de International Rivers.
Y la última medida que promete echar leña al fuego en la cuestión de las Áreas Protegidas fue la firma, en Brasilia, de un acuerdo de cooperación para la realización de Sociedades Público-Privadas en Parques Nacionales. La sociedad posibilitará la realización de estudios de viabilidad de actividades económicas permitidas en cada UC, considerando la legislación ambiental vigente.
Bolívia e Guiana
La Amazonia boliviana ocupa la mitad del país y tiene 24% de su territorio bajo protección: 16% de áreas protegidas nacionales y 8% departamentales. Luego de meses de protestas por la integridad del Parque Nacional de Tipnis, el presidente Evo Morales sancionó, en octubre, una ley prohibiendo carreteras que crucen Parques Nacionales.
Ya Guyana posee apenas dos áreas de protección - Kaieteur National Park, creado en 1929 y que ocupa un área de 5.913 km2 y el Área de Preservación de Vida Salvaje Iwokrama, creada en 1997 con una superficie de 3.600 km2. El país aprobó, este año, un plan nacional de creación y mantenimiento de Áreas Protegidas.
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