Una reunión en San Pablo el día 8 de julio marcó la renovación de la moratoria de la soya en la Amazonia por el cuarto año consecutivo. Lo que significa que, por lo menos hasta el mismo periodo de 2011, miembros de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE) y de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC) continuarán con el compromiso público de no comercializar el grano que haya crecido en áreas deforestadas en la Amazonia luego de julio de 2006, fecha en que la moratoria, que cuenta con la adhesión del Ministerio de Medio Ambiente, fue inicialmente firmada.

“Animamos a otras compañías y sectores, incluyendo gobiernos, a sumarse en esfuerzos similares para garantizar que la Amazonia no sea devastada por la producción de commodities. El registro de las haciendas en el bioma es un elemento crucial. Todos estamos de acuerdo en que el proceso debe continuar”, afirma una nota pública difundida por empresas consumidoras de soya brasileña, como McDonald’s y Carrefour.

La buena notica vino seguida de otra: Por primera vez desde el inicio del pacto, el Grupo de Trabajo de la Soya (GTS) se asoció con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) para supervisar el cumplimiento de la moratoria. Así, el monitoreo fue realizado con el uso de imágenes satelitales, lo que permitió investigar un número mayor de polígonos y de áreas deforestadas. El GT está formado por ABIOVE y ANEC, además de organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, The Nature Conservancy (TNC) y WWF-Brasil.

Esto representa un gran avance en la calidad del monitoreo de la soya ilegal en la Amazonia, que viene siendo hecho desde la zafra de 2007/2008. Para aumentar aún más la precisión de los resultados, también fueron utilizadas bases de datos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA), Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (IMAZON).

Como parte de los criterios, los estados monitoreados fueron Mato Grosso, Pará y Rondonia, ya que concentran el 98% de la producción de soya en el bioma. Quedaron fuera áreas ocupadas por unidades de conservación y reservas indígenas. El monitoreo usó imágenes de satélite de Terra/MODIS e informaciones del proyecto Prodes, que proporcionó la base de la deforestación ocurrida entre 2007 y 2009.

La investigación fue realizada en municipios cuya zafra actual o en la proyección del año siguiente indicaran área de siembra de soya superior a 5 mil hectáreas (ha), así como en todos los polígonos superiores a 25 ha – en los años anteriores se monitorearon sólo las áreas mayores de 100 ha. Gracias a la alianza entre instituciones, fue posible identificar pequeños desmontes y 4,7 veces más polígonos en comparación con el año anterior. El área observada creció de 158 mil para 302 mil hectáreas.


Entre el 18 de diciembre de 2009 y el 7 de marzo de 2010 fueron 107 horas de sobrevuelos sobre 14.830 kilómetros de 29 municipios. También fue parte del monitoreo la realización de viajes al campo y de innumerables idas y venidas a las oficinas de registro de propiedad para identificar predios rurales y productores que no respetaban la moratoria y tumbaron el bosque para sembrar soya.

78% de los nuevos desmontes sucedieron en áreas con más de 100 ha. En total, fueron identificadas 6.295 hectáreas deforestadas luego de julio de 2006 con presencia de soya, lo que corresponde a 0,25% de la deforestación ocurrida en el bioma Amazonia en los tres estados monitoreados durante los años 2007-2008-2009. “¿Es esto poco? Es poco, pero tenemos un objetivo ambicioso, que es la deforestación cero, o sea, que ninguna otra área más del bosque amazónico sea deforestado para la siembra de soya”, afirma Raquel Carvalho, de la Campaña de la Amazonia de Greenpeace.

Monitoreo y sanción

Conozca más sobre la moratoria de la soya El 25 de julio de 2006, industrias y exportadores asociados a ABIOVE y a ANEC firmaron la moratoria de la soya, comprometiéndose públicamente a no comercializar granos provenientes de áreas deforestadas a partir de aquella fecha. Desde entonces, el compromiso ha sido renovado. Eso significa que productores que infringen la moratoria corren el riesgo de quedar solitos con sus granos ya que, por las reglas del mercado (aún si el desmonte realizado haya sido autorizado), están impedidos de realizar actividades comerciales con las principales empresas del sector, gracias al pacto asumido en la moratoria. La moratoria es una herramienta que beneficia las exportaciones, ya que 50% del mercado europeo se niega a comprar soya proveniente de áreas deforestadas. Ella es, de esta manera, un buen negocio para el productor que la cumple. A pesar de eso, China, el mayor comprador de granos de Brasil, no tiene la misma preocupación que el mercado europeo, lo que puede favorecer la exportación de soya producida en nuevas áreas deforestadas. Greenpeace alerta que aún no existe un sistema transparente de rastreabilidad de las compras directas o vía mercado spot, aquél en que la soya queda disponible para la entrega inmediatamente después de la compra.

“Antiguamente, buena parte de la deforestación en el bioma era debido a la soya. Hoy no es más. La deforestación aún no es cero, pero este es un hecho a ser festejado”, afirma Bernardo Rudorff, de la División de Sensores Remotos de INPE. Según él, la alianza con el instituto será mantenida hasta el próximo año.

“Estos resultados muestran que es posible producir sin deforestar”, afirma Fabio Trigueirinho, secretario general de ABIOVE. “Sin embargo, es necesario reforzar estrategias como el Catastro Ambiental Rural (CAR), la legislación ambiental, el soporte técnico a los productores y una política de crédito que no amenace a los bosques”, complemente Raquel.

Según Greenpeace, la gran mayoría de las haciendas de soya en el bioma aún no están mapeadas y registradas oficialmente. La organización afirma que los gobiernos federal y estatal deben implementar el Catastro Ambiental Rural de propiedades en toda Amazonia hasta el final de este año, ya que el mecanismo permite la identificación de los propietarios de tierra y puede ser una pieza importante para el monitoreo de la moratoria.

Trigueirinho afirma que en este momento no hay una exigencia, por parte de los compradores asociados, que el productor tenga el CAR. “No lo podemos exigir en un momento en que el código forestal está siendo discutido en medio de tantas incertezas”, dice.

El primer monitoreo no encontró nuevas siembras de soya. El segundo se dio en la zafra 2008/2009. El cultivo en áreas deforestadas luego de la declaración de moratoria fue detectado en 12 polígonos. Los infractores identificados fueron imposibilitados de recibir financiamientos y no pudieron comercializar con empresas ligadas a ABIOVE y a ANEC. Un gran perjuicio, ya que juntas, representan más de 90% de la soya comercializada en Brasil. Grandes multinacionales están entre las asociadas de las dos instituciones, entre ellas ADM, Amaggi, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus. A pesar de las sanciones, la lista de las áreas deforestadas aumentó para 76 este año, distribuidas en 20 municipios. El mismo procedimiento punitivo será adoptado para los actuales infractores identificados.

 “El mercado está señalando que no sirve de nada deforestar para producir porque el consumidor no quiere un producto que sea resultado de la deforestación de la Amazonia. Eso da más credibilidad a la soya brasileña en el mercado internacional, pues contamos con un sistema transparente de monitoreo y nos comprometimos a no comprar soya de áreas deforestadas. Quien deforesta se las tendrá que buscar para vender y aún corre el riesgo de tener el precio del producto desvalorizado”, afirma Trigueirinho.

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Karina Miotto es periodista formada por la PUC-SP. Freelance del Grupo Abril, ama viajar y fue a parar en la Amazonia, de donde llegó a trabajar para Greenpeace y a escribir para las revistas Terra da Gente y National Geographic. Es autora del blog Eco-Reporter-Eco y corresponsal de ((o)) eco Amazonia.