El Tierra Legal Amazonia, programa de regularización de la tierra (fundiaria) lanzado el año pasado y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), ha sido blanco de polémicas involucrando el aumento de ocupaciones irregulares en tierras federales en la Amazonia.

Funcionarios de INCRA afirman que en Apuí, en el sur del estado de Amazonas, ya existen personas ampliando sus asentamientos ilegales de 500 hasta 1500 hectáreas con la expectativa ventajosa de tener un pedazo mayor de tierra gracias a la regularización sin licitación determinada por las propias reglas del programa, una iniciativa del gobierno federal.

La denuncia fue publicada por Paulo Barreto, investigador de IMAZON, en el blog Amazonia Sostenible, de su autoría. “Infelizmente lo que preveíamos en nuestros trabajos está ocurriendo: el Tierra Legal está estimulando mayor apropiación ilegal de tierras públicas (…).”, alertó. “Espero que los órganos supervisores como el Ministerio Público investiguen la situación en el sur de Amazonas y eventualmente en otras regiones”, afirmó en su web.

El Ministerio Público Federal de Amazonas informó que ninguna investigación sobre este tema está siendo conducida en el Estado debido a la falta de denuncia formal en relación al asunto. De acuerdo con la asesoría de prensa de la institución, las denuncias pueden ser hechas por medio de la web www.pram.mpf.gov.br o personalmente en la sede del MPF/AM, en Manaus.

Mientras tanto, en Apuí…
Apuí está localizado bien en la frontera del arco de la deforestación, región donde la destrucción comienza a comer por las orillas el estado que posee, hasta ahora, la mayor área de bosque preservado de la Amazonia Legal. Está bien distante de otros centros comerciales y cercano a carreteras como la Carretera Transamazónica (BR-230), la AM-174 y la BR-319. En línea recta, está a 500 km de Manaus, capital de Amazonas. Es el cuarto municipio más deforestado del estado (16%), detrás de Lábrea, Boca del Acre e Itacoatiara. De acuerdo con el boletín Transparencia Forestal de la Amazonia Legal, de IMAZON, en mayo de 2010 Amazonas fue el estado que más deforestó, y Apuí, a su vez, apareció entre los municipios más afectados.

“Algunas personas ya están demarcando tierras y ocupando más, esperando que la propiedad sea legalizada. Esto se intensificó después del surgimiento de Tierra Legal, pero no se puede atribuir el aumento de la deforestación y de la ocupación irregulares directamente al programa, a pesar que esto puede sí ser un factor que ha contribuido para acelerar este proceso”, afirma Gabriel Carrero, master por el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA) e investigador del Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible del Amazonas (IDESAM).

“El lado positivo de Tierra Legal es el hecho del gobierno admitir que este es un problema que debe ser resuelto. Es necesario hacer la regularización, pero de forma segura. Este sistema está súper ambiguo, su metodología es distorsionada”, afirma Paulo Barreto, del IMAZON. (Lea el cuadro abajo para entender lo que es el programa Tierra Legal y clic aquí para entender los puntos polémicos sobre la implementación del programa).

Él cree que, mientras haya la combinación Tierra Legal + infraestructura prometida por el gobierno, habrá ocupación y deforestación irregulares en la Amazonia. “La regularización  es esencial para mejorar el control de la deforestación, pero no debe ser generosa al punto de estimular nuevas ocupaciones – especialmente cuando es mezclada con promesas de amnistía de multas. Hay siempre la creencia de que es permitido ocupar hoy, porque este pedazo de tierra podrá ser regularizado mañana. Y la intensificación de la ocupación, tarde o temprano, lleva a la deforestación”, afirma.

“La idea de que las personas están ocupando y deforestando es verdadera. El precio de la tierra en Apuí es bajo. El ciclo ‘ocupa-deforesta-espera la tierra valorizar’ es visto como una inversión por los deforestadores. Se deforesta con la expectativa de que la tierra sea valorizada y  regularizada en el futuro”, complementa Gabriel. Él cree que es necesario reforzar la fiscalización. “El estado es frágil en la implementación de la ley, en la ejecución de políticas de comando y control. Es necesario tener más personas en el campo. El Tierra Legal puede ser benéfico para mucha gente, pero al mismo tiempo abre brechas. Resuelve problemas, pero crea otros”.


Una de las mayores polémicas del programa es en relación a los precios cobrados por la tierra. Posesiones cuya área total sea de un módulo fiscal (cerca de 100 hectáreas) no costarán ningún centavo al poseedor. Especialistas del IMAZON afirman que “la oferta de tierra gratuita hace más lucrativo el invadir y deforestar nuevas áreas, que invertir en el aumento de productividad de las áreas ya abiertas”. Hasta cuatro módulos fiscales los valores serán por debajo del mercado, con pagos en hasta 20 años. El valor de la hectárea a ser considerado puede variar de acuerdo con el precio de mercado establecido en cada región.
 
Marcelo Afonso, del Tierra Legal, afirma que en casos extremos la hectárea costará como máximo de 50 a 2300 reales. La media para la gran mayoría, según él, será de 200 a 600 reales. Sin embargo, si la propiedad fuera pequeña, con acceso precario y ya haya sido ocupada a muchos años atrás, el poseedor pagará apenas 10% del valor mínimo. O sea, una hectárea de tierra pública en la Amazonia podrá ser vendida por cerca de 5 reales. Más o menos el precio de una banana.

Fraudes descubiertos
 

Histórico del Tierra Legal El Tierra Legal fue creado por el gobierno de Lula con el objetivo de realizar la regularización de tierras en la Amazonia, región en que la mayoría de las tierras públicas federales y estaduales son ocupadas de forma ilegal a través de la falsificación de títulos en notarias (los famosos grillajes) Todo comenzó gracias a la política del presidente Emilio Médici que, en la década del 70, hizo una campaña para la ocupación de la región con el slogan “tierra sin gente para una gente sin tierra”. Su legado son 53% del territorio de la Amazonia Legal padeciendo de la incertidumbre sobre el derecho de propiedad. La indefinición dificulta el desarrollo económico, la gestión ambiental, los derechos de las poblaciones locales y agrava los problemas sociales. Entre 1999 y 2008, 5.380 conflictos por tierra ocurrieron en la Amazonia, involucrando 2.7 millones de personas y provocando 253 asesinatos. Para intentar resolver la situación, el gobierno federal publicó en febrero  de 2009  la  Medida Provisoria 458, nombrada también “MP del Grillaje” por grupos ambientalistas para tratar la donación y venta de tierras públicas en la Amazonia. No obstante todas las polémicas envolviendo la MP, esta fue convertida, con pocas modificaciones, en la Ley 11.952 el 25 de junio de 2009. Según Deborah Duprat,  viceprocuradora general de la república, la ley “instituyó privilegios injustificables a favor de los grilleros que, en el pasado, se apropiaron ilícitamente de grandes extensiones de tierra pública”. La implementación de la ley pasó a ser realizada a través del programa Tierra Legal, que pretende regularizar cerca de 300 mil poseedores que ilegalmente ocuparon tierras públicas federales y estaduales hasta diciembre de 2004. Las áreas deben ser caracterizadas como ocupación consolidada para la concesión del título de posesión y una de las principales condiciones es que en ella se ejerza alguna actividad de subsistencia – desde ganadería a la agricultura. Dentro de hasta cinco años 67 millones de hectáreas, equivalentes a 13,42% de la Amazonia Legal (o quince veces el tamaño del estado de Río de Janeiro), deberán ser regularizados – hasta el momento, 293 inmuebles fueron legalizados, equivalente a poco más de 79 mil hectáreas.

Marcelo Afonso Silva, director de planificación de Tierra Legal, admite ya haber descubierto esquemas de fraude en Apuí. “Identificamos ya las ‘frutas podridas’, como la venta de Catastro de Personas Físicas (CPF, documento brasileño) y hasta de catastro con el objetivo de la falsa legitimidad sobre grandes áreas”, dice. Explica que el poseedor que reciba título no será olvidado por el programa. “Puede ser que suceda alguna irregularidad, pero este es un proceso de acompañamiento de hasta 20 años. Cualquier movimentación contraria nos dará tiempo para la reparación. Si identificamos un fraude, podremos entrar con una acción judicial y revertir todo el proceso.”

En Amazonas, ya fueron hechos seis mil requerimientos de posesión – 400 de ellos en Apuí. Luiz Antonio Nascimento de Souza, coordinador de regularización fundiaria del programa en Amazonas, explica que la mayoría no llega a las 400 hectáreas y que los primeros títulos de regularización en Apuí serán entregados dentro de un año.

Según Marcelo Afonso, quien esté deforestando por demás para beneficiarse de la regularización sin licitación de hasta 15 módulos fiscales, puede quedar mal. “Ampliar la tierra de 500 a 1500 hectáreas implica en no tratarse de área consolidada, que ya fue ocupada a mucho tiempo. Si eso ha sucedido, entonces no es parte del foco de regularización de Tierra Legal. Si el poseedor dice que está en la propiedad a muchos años, tendrá que probarlo”, afirma.

Asentamientos en río Juma

Se afirma que Apuí, cuya área es de 5.210.000 hectáreas, surgió gracias a la creación del Proyecto de Asentamiento de Río Juma (PARJ) por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en 1982. Es el mayor del país y actualmente responde por 74% de la deforestación en el municipio. Otro problema que hace parte del asentamiento es en relación a la regularización de los lotes. “Son 690 mil hectáreas y, 28 años después de su creación, apenas 17,6% están titulados”, explica Gabriel Carrero.

Dentro de este escenario, nació una alianza entre INCRA y Tierra Legal. “Ésta vino de la necesidad de contener la deforestación del PARJ y también de organizar la regularización de los lotes”, explica Adriana Lima, de la división de desarrollo de INCRA-Amazonas. Durante más de 120 días equipos fueron al campo a recopilar informaciones sobre el asentamiento. En julio, un informe de 400 páginas fue enviado a Brasilia, que levantará entre otros asuntos, la posibilidad de ya sea disminuir el área del proyecto, o de extinguirlo de una vez, para que el Tierra Legal pueda realizar la regularización fundiaria de propiedades con hasta cuatro módulos fiscales en el local.

¿Y será que esta alianza ayudará a contener la deforestación y la ocupación irregulares que vienen ocurriendo en Apuí? “Cuando se tiene el Registro General (RG, documento de identidad brasileño) y CPF involucrados, la conversa es otra. Regularizar es responsabilizar”, afirma la asesoría de prensa del programa.

Para saber más

- Dinámica de la deforestación y consolidación de propiedades rurales en la frontera de expansión agropecuaria en el sudeste de Amazonas. Para leer, haga clic aquí. (PDF)

- Ley 11.952

- Web Tierra Legal

- Informes El Estado de la Amazonia, de IMAZON
2009: 
2010: 

- Acción directa de inconstitucionalidad de la Ley 11.952 propuesta por Deborah Duprat al Supremo Tribunal Federal (STF) en julio de 2009
 


Karina Miotto es periodista formada por la PUC-SP. Freelance del Grupo Abril, ama viajar y fue a parar en la Amazonia, donde llegó a trabajar para Greenpeace y a escribir para las revistas Terra da Gente y National Geographic. Es autora del blog Eco-Reporter-Eco y corresponsal de ((o)) eco Amazonia.