Entre las tantas complejidades y contradicciones que enfrenta Colombia está la guerra y lo que ella significa para una región tan importante como la Amazonia. El conflicto armado ha dejado muertos por miles y las cifras de desplazamiento forzado superan las cuatro millones de personas. Sin embargo, algunos especialistas consideran que, paradójicamente, ha sido justamente el conflicto el que ha ayudado a conservar la selva.

Ahora, cuando el ejército avanza y empieza a replegar a las guerrillas, existe preocupación entre los ambientalistas porque no hay un acompañamiento ambiental ni se está fortaleciendo la gobernanza local para cuidar el bosque.

El sociólogo y periodista Alfredo Molano, que lleva toda una vida estudiando el conflicto armado, dice que, “donde entra el ejército, entra la ganaderización y con ella la deforestación. “El papel del ejército es abrirle campo al inversionista, porque la seguridad democrática (la estrategia de combate a las guerrillas) es recuperación del orden ´público para meter inversiones y garantizarlas”, dice.

“Cuando se tumba la selva se invierte en pasto para el ganado que es lo más rentable, lo demás es más complicado porque requiere alta densidad de mano de obra o alta tecnología”, señala. Asegura incluso, que grandes extensiones de tierra están hoy en manos de generales que también son ganaderos.

Luz verde para la minería, y para Brasil.

Pero no se trata solo de la expansión de la frontera agrícola. Carlos Rodríguez, director en Colombia de Tropenbos International, indica que con el repliegue de la guerrilla están llegando a regiones como el Putumayo y el Guainía inversiones mineras y de hidrocarburos que están impactando la selva.

“La minería por donde se mire es terrible y esa es una grande amenaza para la Amazonia. Ya hay más de 2.000 expedientes mineros abiertos; más de la mitad van a terminar con permiso y lo otro se va a desarrollar en minería ilegal, porque ¿allá quién controla?”, se pregunta. Considera que “eso es más amenaza que la ganadería porque uno no saca una vaca en medio de la selva, pero sí una libra de oro”.

Sostiene que muchas de las inversiones ilegales que están llegando a la región son de capital brasilero. “La minería ilegal es expansionista e incontrolable y viene por los lados en donde más se han explotado las minas, que es Brasil. La minería que está llegando del Brasil es ilegal, con pequeñas dragas y totalmente desorganizada”, asegura.

Y aunque el gobierno de Colombia inició una campaña para combatir la minería ilegal, esto no renueva las esperanzas para la selva, pues, según explica Alfredo Molano, se está combatiendo la minería ilegal para meter la gran empresa. “¿Quién hace más daño?”, se pregunta. “Esas licencias ambientales de los proyectos mineros son muy corrompidas”, asegura. "Las compañías estudian el problema ambiental y presentan proyectos de mitigación que luego no realizan", cuenta.

Molano indica que incluso los resguardos indígenas (territorios colectivos) están siendo avasallados por el capital del minero, pues se están arrendando pedazos de los resguardos clandestinamente.

¿Y las soluciones?

Para Alfredo Molano la única solución es quitarle presión a la frontera agrícola afectando la estructura de propiedad, devolviéndole tierra a la gente y regulando la expansión de la gran hacienda por vía tributaria. “Si no la deforestación y la colonización seguirán avanzando a un ritmo exageradísimo”, asegura.

Sistemas como el de pago por servicios ambientales, que le permita a la población tener ingresos por cuidar el bosque, también se ven como posibles soluciones.

Las guerrillas no son ambientalistas

Aunque el conflicto armado ha evitado las grandes inversiones en la Amazonia, no ha impedido que se afecte el bosque.Si bien la guerrilla ha mantenido lejos a los inversionistas, también ella ha sido causante de la deforestación, pues históricamente la ganadería ha aumentado en las zonas donde hay desplazamiento forzado de campesinos debido a la violencia.

Sumado a ello, están los cultivos ilícitos de los que se lucra la guerrilla y que son considerados uno de los principales factores de deforestación en el país, no solo por los cultivos como tal, sino por todo lo que conllevan: el daño ambiental y el desplazamiento, debido a las fumigaciones, de población que, en consecuencia, también desplaza los cultivos.

En un artículo de la universidad estadounidense Stony Brook titulado ‘Forests and Drugs: Coca-Driven Deforestation in Tropical Biodiversity Hotspots’, la bióloga Liliana Dávalos y su equipo afirman que la coca es más un síntoma que una causa de la deforestación. Según ella, las grandes causas de la pérdida del bosque son la inequidad socioeconómica, las fallidas políticas de desarrollo agrícola y el conflicto armado, pues los cultivos se concentran en zonas donde hay altos índices de pobreza.

En esa misma línea, Germán Andrade, profesor de la universidad de los Andes, explica que el impacto de los cultivos de coca ya no se pueden medir solo en hectáreas, sino teniendo en cuenta todo un sistema socio político de destrucción: esa cadena de lechos que van detrás de la fumigación y el desplazamiento o de la ingobernabilidad.

“Esas cadenas son las que han sido devastadoras para el bosque, inclusive el debilitamiento del estado”, dice. Según él, “el último capítulo de esa cadena es la seguridad democrática, que es una respuesta política a la amenaza de las Farc, pero que conllevó, desde el más alto nivel del estado, al debilitamiento del sector ambiental”. “Nunca antes instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente estuvieron tan debilitadas como ahora”, asegura.

Monitoreo de cultivos ilícitos

Según el último ‘Análisis multitemporal de cultivos de coca 2008-2009’ del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en el Amazonas se encuentran tres de los departamentos con mayor influencia de cultivos ilícitos: Guaviare (10 % del total del país, con 5.587 ha), Putumayo (7%- 4.097ha) y Caquetá (5%- 2.914ha).

La movilidad de las plantaciones como resultado de la persecución estatal ha aumentado la deforestación, aunque en algunos de los cultivos abandonados se ha podido regenerar el bosque.

Los principales ejemplos de efecto de los cultivos ilícitos se ven el Caquetá, donde mientras entre 2001 y 2002 había 1.818 hectáreas (ha) de bosque primario, para el 2008-2009 disminuyó a 332ha, y en Guaviare, que pasó de 12.214 ha entre 2001 y 2002 de bosque primario a 1.421ha entre 2008 y 2009.


Maria Clara es periodista y profesional en estudios literarios apasionada por los temas de medio ambiente y por los viajes. Trabaja como freelance desde Bogotá, Colombia.
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