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Entre los expertos de la Amazonia se respira un aire preocupado. La minería es lo primero que mencionan cuando se les pregunta por los principales retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con relación a estas selvas en Colombia. Desde que se empezó a hablar de las posibles riquezas de coltán y oro que esconden en la región, los ambientalistas prendieron las alarmas.
Aunque casi 40 millones de hectáreas se encuentran protegidas bajo la figura de parques naturales, reservas y resguardos indígenas, la llegada de compañías mineras y la voluntad que ha manifestado el gobierno de expandir este tipo de inversiones en el país, han dañado el sueño de los conservacionistas y también de comunidades indígenas, que están viendo en riesgo el futuro de sus territorios.
Para darse cuenta de la dimensión que ha tomado este asunto, basta con darle una mirada al mapa de los títulos mineros que se han solicitado y aprobado en la región (ver mapa). En los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas aparecen cada vez más punticos que anuncian una próxima explotación. La preocupación es creciente, sobre todo porque hasta ahora no es claro hasta dónde van a llegar las minas ni qué lugares serán respetados.
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“Hay intermediarios pidiendo títulos y licencias que luego venden a las compañías. En la región hay centenares de títulos en manos de pocas personas. Eso es un negocio y es una amenaza porque ¿Quién va a controlar los estándares y que no haya destrucción del medio ambiente o que se respeten los derechos indígenas, si no hay control?” Se pregunta Martín Von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas. De ahí que para él el principal reto que la Amazonia debe superar, frente a la amenaza minera, es el desorden.
Aunque el gobierno diga lo contrario e intente atraer la inversión con la idea de que Colombia tiene una legislación muy clara al respecto, Von Hildebrand asegura que el país no tiene un mecanismo para controlar cómo se va a hacer la minería y no se está mirando si los lugares donde se va a hacer son sitios estratégicos o con importancia cultural.
“Existe una institución como el Ingeominas (que otorga los permisos mineros) que no funciona y por eso estamos amenazados por el desorden. Si tuviéramos estándares claros y un sistema de monitoreo podríamos tener un impacto menos negativo”, asegura.El gobierno ya anunció el cierre de Ingeominas y la creación de una nueva Agencia Nacional de Minas.
Sin embargo, Von Hildebrand considera que debería prohibirse la minería mientras no existan sistemas de control de la región y sobre las regalías, para verificar cómo se invierten. Históricamente, las regalías que el país ha recibido por la explotación minera y de hidrocarburos se han ido en corrupción, mientras los departamentos que las deberían recibir siguen sumidos en la pobreza. Se estima que el 85 por ciento de las regalías se pierden.
Aunque el gobierno ha insistido en que con la minería llegarán recursos nuevos y se va a dinamizar la inversión en Colombia, para Von Hildebrand eso no es así, porque no estamos preparados para hacerlo. “Esta minería nos va a traer problemas sociales y ambientales enormes: enfermedades, desplazamientos, destrucción de la biodiversidad. ¿Quién va a pagar por eso en los próximos 40 o 50 años? Colombia, porque la minería luego se va”, enfatiza.
“¿Qué está ganando el país, entonces? Está perdiendo los ecosistemas, a los indígenas se les están violando sus derechos y si se tiene una minería sin control también genera problemas de seguridad pública, porque llegan otros interesados fuera de la ley a sacarle provecho a la situación. Por eso estamos creando un nuevo caos en el Amazonas, por no hacer control”, dice el director de la fundación Gaia.
Política progresista, pero amenazada
Aunque la política colombiana frente a la amazonia es una de las más progresistas del mundo, porque combina conservación con reconocimiento de derechos indígenas y el reconocimiento de sus territorios, la amenaza sigue vigente.
Según Carlos Rodríguez, director en Colombia de la Organización Tropenbos International, la política de resguardos creada en el periodo presidencial de Virgilio Barco (1986-1990) ha dado muy buenos resultados en términos de conservación de la biodiversidad y de mitigación del cambio climático, y también para la puesta en práctica del reconocimiento de los derechos indígenas.
Ahora, “si se logra controlar la amenaza minera, esa sería la manera de decir que se consolidó la conservación del amazonas, pero se necesita que el gobierno tenga una política coherente e integrada con los países vecinos, que le permita generar ingresos para mantener esa política de conservación (con estrategias como REDD), y generar bienestar a las comunidades locales”, dice.
En ese sentido, Rodríguez habla en la necesidad de tener claridad sobre el nuevo ordenamiento territorial del país. “El nuevo gobierno está planteando ya el nuevo ordenamiento territorial del país en el que se incluyen muchas partes de territorios indígenas. Eso sería un avance impresionante de nuestra democracia”, asegura.
“El ordenamiento territorial delimitará si hay proyectos mineros en territorios indígenas y tendrá que pasar por consultas previas, pues hasta ahora esos procesos no se han dado de la manera debida”, dice. En un país violento como Colombia, las amenazas han estado por encima de esas consultas.
Control, una tarea de las comunidades locales
Las consultas serán fundamentales en este proceso, aseguran expertos, así como lo serán los controles que las comunidades locales puedan ejercer sobre los posibles proyectos que se instalen en la zona. En una región selvática y de difícil acceso para las autoridades es a los pobladores a quienes corresponde la principal veeduría.
Sin embargo, los expertos coinciden también en la necesidad de fortalecer estas comunidades para que puedan ejercer un control real.
El ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, ha insistido en la necesidad de crear un gran instituto que provea recursos y genere capacidades de gobierno entre las comunidades indígenas y negras para hacer más viables sus posibilidades de vida.
Él considera que ha hecho falta un gran sustento que consolide ese proyecto de justicia social que fue la creación de resguardos y asegura que no se ha creado una institucionalidad que acompañe el proceso de consolidación de esos territorios con diversas medidas, como la compensación económica por proteger los bosques. Por eso, para él, la prioridad en cuanto a conservación debe centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza local.
Gobierno con voluntad a medias
El ex ministro considera que en el gobierno de Álvaro Uribe le dio al medio ambiente una ubicación muy marginal dentro de las políticas, como si considerara que el tema ambiental era un impedimento para el desarrollo económico.
El de Juan Manuel Santos tiene una línea similar al del anterior y por eso no se recibe con total optimismo entre los especialistas en el Amazonas. “No se puede decir que el nuevo gobierno llega con voluntad ambiental, porque ha escogido y le ha dado fuerza a sus ministros en todos los sectores, pero en el ambiental no lo está fortaleciendo”, asegura Von Hildebrand.
Uno de los primeros propósitos del nuevo gobierno es dividir varios ministerios que se habían integrado en el gobierno anterior. Entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
“Nuestro temor es que al dividir el Ministerio, el tema del ordenamiento territorial quede en el Ministerio de desarrollo y vivienda y no en Min ambiente. ¿Así cómo vamos a hacer un país hacia el futuro desde el punto de vista ambiental y del desarrollo?”, se pregunta. “Pareciera que no se le está dando la importancia que debiera al futo Ministerio Medio Ambiente y que va a quedar como un pequeño ministerio de poca importancia”, dice Von Hildebrand.
“Si el ordenamiento territorial queda en Min Ambiente quiere decir que se le va a dar prioridad a los ecosistemas y a la naturaleza para garantizar el agua, pero si se queda en el de Desarrollo y Vivienda, significa que se va a organizar el país a expensas del medio ambiente. Hay que ver a qué se le va a dar la prioridad”, dice el director de Gaia Amazonas. “Hay que darle importancia a la biodiversidad biológica y cultural. Estamos en un momento histórico en el que podemos avanzar”, concluye.
El nuevo Ministerio
Mientras se divide el ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial está como Ministra encargada Beatriz Helena Uribe Botero, una economista con maestría en Política Social y Planeación del London School of Economics, que ha desempaño varios cargos en gobiernos anteriores.
Fue viceministra de Vivienda y Desarrollo Territorial y trabajó como asesora de la banca multilateral del Ministerio de Hacienda. Además, ocupó varios cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Una vez se dividan los ministerios, la encargada del medio ambiente será Sandra Bessudo, bióloga marina, que durante los últimos años se ha desempeñado como directora de la Fundación Malpelo; a través de ella, se ha dedicado a proteger las especies de esta isla, considerada santuario de flora y fauna y Patrimonio de la Humanidad. Bessudo ha trabajado especialmente en la defensa de los tiburones.
Durante las campañas presidenciales, Bessudo promovió El Pacto Ambiental, una iniciativa que pretendía poner la ecología en el centro de las políticas públicas. Varios candidatos, entre ellos Juan Manuel Santos, se adhirieron al pacto.
El Pacto Ambiental es un acuerdo de 12 puntos que aboga por la defensa del medio ambiente desde la economía, la educación, el manejo de la energía, los recursos fiscales, el transporte, la salud, la investigación y la política internacional.
