Lima - Nunca mostró, en su campaña para ganar la presidencia del 2006, un particular interés por la Amazonía. Ni siquiera anunció que iba a crear el Ministerio del Ambiente, decisión que, casi sorpresivamente, tomó en el 2008, durante la cumbre América Latina-Unión Europea. Cuando está por fenecer el mandato de Alan García Pérez, el próximo 28 de julio, el balance de lo que hizo para esta región es controvertido, debatible, polémico.
“Muy pobre”, acota Richard Chase Smith, directivo del Instituto del Bien Común (IBC), mientras explica lo que, por ejemplo, aconteció en materia de conservación de bosques y lucha contra la tala ilegal de madera. Si bien en julio del año pasado, se lanzó una iniciativa que aspira a conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales, de las 72 con las que cuenta el Perú, con el fin de evitar la deforestación, el conjunto de las políticas públicas en esta materia –o madera- arroja algunos resultados preocupantes.
Bosques al garete
Según Smith, por ejemplo, en Loreto, la mayor región selvática peruana (la división política por el Perú es ahora por regiones, no por departamentos), de 256 concesiones forestales solicitadas desde el año 2001, cuando se sancionó una Ley Forestal, solamente 8 han cumplido con las normas, que obligan al concesionario a tener un plan de manejo ambiental al día, a reforestar, etc. Una suerte de desorden, cruzado con frecuencia por la corrupción, flota en este ámbito, donde los madereros informales dominan la escena.
Ernesto Ráez, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es aún más drástico en su apreciación. Sostiene que el 80% de la madera circulante proviene de la tala ilegal, por que, en este rubro, debido a la confusión reinante, “no parece ser negocio la formalidad”, lo que ocasiona que las empresas incursionen incluso en áreas protegidas, para luego “blanquear” la manera por la vía de sus concesiones formales. “Uno de los problemas es la búsqueda de caoba- agrega-, aunque esta es cada vez más escasa”.
El
Programa de Conservación de Bosques intenta neutralizar ese caos, entre otras cosas con un mecanismo que consiste en pagarle a las comunidades nativas 10 soles (3.57 dólares aproximadamente), al año, por cada hectárea de bosque conservada. Dado que las comunidades tituladas cuentan con 10 millones 628 mil hectáreas, la iniciativa podría resultar interesante. Pero no es precisamente el frente indígena donde el presidente García puede mostrar más logros ni exhibir simpatías.
Bagua parte aguas...
El 5 de junio del 2009, tras varios meses de conflicto y de lo que en el Perú se llama ‘mecida’ (dar largas a un problema sin resolverlo verdaderamente), un enfrentamiento entre nativos de la etnia awajún y policías, acaecido en Bagua (provincia nor-oriental del país) y más específicamente en la denominada ‘Curva del Diablo’ (también en una estación petrolera cercana), dejó como saldo oficial 34 muertos. De ellos, 24 eran custodios del orden y 10 indígenas, lo que ocasionó una gran conmoción en el Perú.
Fue la consecuencia infeliz de meses de protesta nativa contra varios decretos legislativos, pero especialmente dos –el 1090 y 1094- que, con facultades especiales otorgadas por el Congreso el presidente García promulgó. AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana), el mayor gremio indígena del país, consideró que dichas normas ponían en riesgo sus tierras ancestrales, por lo que se levantó y procedió a promover continuas marchas de protesta y bloqueos de carreteras.
Las versiones sobre el incidente aún se discuten, pero la más aceptada es que la policía atacó de madrugada, a pesar de que los indígenas habían aceptado desbloquear la ‘Curva del Diablo’, que es parte de una carretera. Pero lo esencial es observar que el episodio marcó el punto más álgido del actual mandatario con la región y sus habitantes. Ráez y Smith coinciden en señalar que la distancia de García venía desde atrás, cuando escribió en el diario El Comercio un artículo titulado ‘El síndrome del perro del hortelano’.
En ese texto, publicado el 28 de octubre del 2007, el presidente en cierto modo marca lo que será su política hacia la Amazonía. Dice, verbigracia: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático 'no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas”. Según Smith, esas partes y otras, en las que García insiste en la actividad extractiva, en la sierra y en la selva, crearon una distancia que se volvió luego insalvable, difícil de remontar.
Otros frentes complicados
Paradójicamente, fue un momento en que gran parte de la ciudadanía, por lo general distante de la Amazonía, salvo que viva en la región, volteó su mirada hacia los pueblos indígenas y hacia la selva en sí. Lo que Ráez llama “esa visión del siglo XIX, que llamaba a conquistar la selva”, puesta en el verbo y en las decisiones del Jefe de Estado, generó, a mediano plazo, un efecto contrario en la población, que más bien comenzó a cultivar simpatías hacia el territorio olvidado. Pero otros problemas asomaban.
La minería informal, extremadamente nociva y asentada sobre todo en la zona sur-oriente del país, en las regiones de Puno y Madre de Dios, siguió creciendo durante el período de García , y solo el 18 de febrero pasado, muchos años después de que convirtiese zonas enteras de bosques en páramos tenebrosos, el Estado decidió actuar.
Ese día, las fuerzas armadas y policiales irrumpieron con la intención de erradicar dragas ilegales, sobre todo de origen chino, destinadas a la extracción de oro.
Para Ráez, esta acción fue “tardía e insuficiente” y no ha solucionado el problema porque en las comisiones que se han formado para solucionarlo –es decir para caminar hacia la formalización- “falta la participación de otros actores”, como las federaciones de agricultores, o de nativos, y las ONG, que también son afectados por el fenómeno de la minería informal, que literalmente ha destrozado algunas zonas de la selva peruana como Huaypetue (sur-oriente), donde también campean la prostitución y la trata de personas.
Cerca nomás, y por complicada añadidura, se intenta construir la represa de Inambari, punta del iceberg de un acuerdo energético firmado el 16 de junio del 2010 en Manaos, por los presidentes Lula y Alan García, el primero con el segundo mandato ya culminado y el otro a punto de pasar por el mismo trance.
Con un horizonte de 50 años, dispone que se podrían hacer hasta seis represas en la zona amazónica peruana, cuyo objetivo final –no tan explicitado en el documento- sería ofrecer energía a Brasil, país que, a diferencia de Perú, si tiene deficiencia energética.
Como señala el doctor Marc Dourojeanni en el libro ‘Amazonía Perú 2021’, las represas, y la de Inambari en concreto, son de las infraestructuras que más impactos producirían en el ecosistema amazónico, debido a que implican la destrucción de carreteras, el desplazamiento de poblaciones, la inundación de tierras agropecuarias, la afectación de ecosistemas acuáticos (donde están los peces, la mayor fuente de proteína en la región amazónica). Si además el acuerdo, que García dejará como herencia para sucesor, propicia la instalación de la hidroeléctrica de Paquitzapango, el problema sería mayor.
Esta represa se ubicaría en la selva central del país, donde inundaría decenas de aldeas de la etnia asháninka, que –recuerda Ráez- durante la época del enfrentamiento entre el Estado Peruano y el grupo subversivo Sendero Luminoso, perdió a cerca del 10% de su población debido a la violencia generalizada. De hecho, un nuevo conflicto se avizora en esta zona, si la iniciativa prospera y se ignora el Convenio 169 de la OIT, que dispone la necesidad de hacer una consulta a los pueblos indígenas, acerca de lo que se piensa hacer en sus territorios, algo que aún no ha sido normado en el Perú, por decisión de García.
En mayo del 2010, el Parlamento aprobó una Ley que reglamentaría este derecho a la consulta, pero días después el mandatario la observó y la devolvió a este Poder del Estado. Su objeción mayor consistió en que el texto aprobado “coadyuvará a que las poblaciones mantengan la errónea interpretación de que tienen derecho a impedir las decisiones del Estado”. Las organizaciones indígenas entonces protestaron y advirtieron que todo el proceso de diálogo y consenso, para sacar esta ley, había vuelto a fojas cero.
Lo posible y lo plausibe
A pesar de todo, se considera que fue un acierto crear el ministerio del Ambiente, aun cuando su labor haya sido insuficiente. Desde esta entidad, además del Programa de Conservación de Bosques, se está intentado darle una valoración económica a la biodiversidad y potenciar su uso responsable (una vieja preocupación del actual ministro, Antonio Brack). También está la valiosa actividad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), que últimamente ha tenido iniciativas interesantes, como promover la adopción de nuevas tecnologías en la piscicultura amazónica.
Sintomáticamente además, la lotización de la Amazonía, para fines de explotación de hidrocarburos, ha descendido de aproximadamente 78% en el 2009 a un 60% en el 2011. Según Smith, no hay una explicación oficial al respecto, aunque podría deberse a la dificultad de extraer petróleo o gas en esas zonas, antes que a políticas públicas más responsables con el medio ambiente. Ya en el 2007, el gobierno de García intentó recortar más de 200 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja-Sonene (sur oriente del país), con el fin de crear un lote petrolero, decisión que causó una ola de protesta.
Finalmente, se retrocedió, debido a la presión nacional e internacional, pero fue otra nube oscura durante la gestión del Jefe de Estado saliente. En el pasivo también se puede meter la permisividad con que se otorgó territorios a algunas empresas, para fines de sembríos dirigidos a la producción de biocombustibles, en la zona de San Martín (nor-oriente), sin tener en cuenta que se podría afectar zonas indígenas o bosques. Y en el activo los planes para la protección de bosques y hasta el inicio de la elaboración de un Mapa del Patrimonio Forestal Nacional, todo lo cual sugiere propósitos conservacionistas.
Pero si el foco se centra en el propio presidente, en sus políticas globales, puede decirse que no se estuvo frente a un líder con una marcada vocación ambiental o identificación con la Amazonía, Este párrafo de ‘El síndrome del perro del hortelano’ parece dar una pauta de lo que se buscó:
El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología.
El privilegio lo tuvo la inversión, la expansión de la propiedad, la producción, líneas globales que son muy importantes para cualquier política pública, pero que distanciadas de políticas de consenso con las poblaciones indígenas, o sin un suficiente énfasis en la protección de la biodiversidad, colisionan con la posibilidad de una Amazonía sostenible. Lo preocupante es que, en la actual campaña presidencial, no asoma un candidato que pueda recoger las acciones correctas del gobierno de García, que reoriente lo descaminado, que comprenda que esta región es vital para el Perú y el planeta.
