Estafador de carbono engaña a indios aislados

La Amazonia está en la primera línea de la industria de compensaciones, donde el precio del carbono secuestrado de árboles viene convirtiendo hasta a los bosques más aislados en un commodity de valor. Los cazadores de carbono están apuntando a países tropicales de menor desarrollo que poseen en sus bosques inmensas cantidades de carbono.

Al adquirir bosques, estos cazadores pueden vender créditos de carbono a países desarrollados para compensar sus próximas emisiones. Una consecuencia inevitable del nuevo dinero que se encuentra en las profundidades de los bosques es que algunos de estos cazadores intentarán sacar ventaja de las leyes locales incipientes para obtenerlo.

David John Nilsson, el más reciente de los así llamados “vaqueros del carbono”, llegó a Perú en 2010. Nilsson abordó un grupo indígena remoto de los Matsés, que vive en la frontera entre Perú y Brasil en régimen de subsistencia y todavía cazando con arco y flecha. Nilsson ofreció a algunos líderes indígenas enormes sumas de dinero a cambio de la titularidad legal de sus 420 mil hectáreas de bosque tropical conservado. Los Matsés quedaron divididos, discordando entre sí sobre la propuesta de Nilsson, que continuó sobornando a varios líderes comunitarios para conseguir su apoyo y firmar un contrato radicalmente debilitante.

Las organizaciones locales AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenta Amazónica) claman por la expulsión de Nilsson del país. Las agencias gubernamentales de Perú –incapaces de intervenir bajo la legislación peruana actual- están desesperadamente intentando reeducar a los indígenas sobre las implicaciones de tal acuerdo.

Ya en 2007 había alertas de que la controversial industria de los créditos de carbono podría sufrir el riesgo de ser desacreditada por operadores inescrupulosos como Nilsson. Un movimiento en Inglaterra en el mismo año intentó armar un sistema de veto que pudiera crear una “marca de calidad” fácilmente identificable que probase a las empresas que sus compensaciones estaban realmente marcando la diferencia y no causando más daño. Un miembro del gobierno declarando al periódico The Guardian, sin embargo, dijo que la industria era “como el Viejo Oeste – lleno de vaqueros”.

Algunos países como Inglaterra desarrollaron desde entonces sus propios sistemas para identificar y procesar falsas empresas de comercio de carbono. Pero la legislación en los países donde los créditos de carbono son generados, cuesta mantenerla en un mismo nivel de igualdad con la demanda.

El primer vaquero de carbono de Perú

El 15 de abril, Nilsson fijó un encuentro con los líderes de los Matsés, equipado incluso con una presentación en Power Point sobre los recovecos de la industria de carbono. También presentó un contrato escrito en inglés, explicando la idea como si fuera un proyecto de desarrollo comunitario donde los Matsés comenzarían a asumir la responsabilidad por el capital de sus propias tierras cuando el dinero comenzara a entrar.

Nilsson, sin embargo, no tiene experiencia alguna en el desarrollo de proyectos de carbono, o sobre conservación de bosques. Lo que sí tiene es una larga ficha donde constan otras artimañas y fuga de su país natal, Australia. Desde que el caso llamó la atención de AIDESEP, ellos juntaron una cantidad impresionante de pruebas de sus operaciones fraudulentas anteriores en Australia, Nauru, Fiji, Malasia, Filipinas y Hong Kong.

Un Registro Parlamentar de Queensland de 14 de noviembre de 1996 lo coloca frente al juez por estafar el pueblo de Nauru, la menor isla estado del mundo, en más de un millón de dólares. Leo Keke, ex ministro de Justicia de la isla, contó en una declaración como “Nilsson llegó a la isla armado con sofisticados documentos de titularidad de tierras de propiedad de una empresa... de la cual él [era] el mayor o único propietario”.

Nilsson condujo un taller en Nauru sobre la inversión y como extranjeros podrían evitar los requisitos australianos comprando tierras en Australia. “Fue muy persuasivo y manipulador a su conveniencia y complicidad”, dijo Keke en una declaración que pretende enviar a Interpol, recomendando la prisión de Nilsson por aplicar golpes fraudulentos a las personas.

Desde aquella reunión en Perú, los miembros de la comunidad preocupados con el contrato llevaron el caso a la Defensoría Pública del país. Daniel Jiménez Huamán, un representante Matsés que se opone al contrato contó a un periódico local cómo Nilsson dijo que repartiría 50% de las ganancias, afirmando que ellos ganarían “billones de dólares” por permitir que él vendiera certificados de carbono en su nombre.

La empresa de Nilsson – Carbon Sustainable Resources Limited- posee una dirección en Hong Kong y una web que por el momento está “en construcción.” Sin embargo, no existe oficina. En vez de esto, tiene un contrato de “escritorio virtual” con un empleado de call center que recibe los mensajes. Hasta el final de este reportaje, no fue posible contactarlo para comentar el asunto.

“Caso Nilsson logre que ellos firmen el contrato y obtenga un poder para el bosque [de los Matsés] y para el carbono, no me quedan dudas que será desastroso para el pueblo Matsé”, afirmó otro ex socio de Nilsson, que no quiso identificarse. “Es la propia supervivencia de una cultura indígena única la que está en juego”.

Un viejo truco en cartas nuevas

Engañar pueblos indígenas para firmar contratos destructivos es uno de los trucos más viejos que existen, afirma el vocero de AIDESEP, Edson Rosales. Sin embargo, este esquema tiene una diferencia significativa: es la primera vez en Perú que alguien aparece bajo la figura de dar apoyo a la lucha contra el cambio climático.

Las ventas de carbono ya fueron aplicadas en varias regiones de la Amazonia, como explica Rosales. “En la práctica, el nuevo sistema de comercio tendrá el mismo impacto en los pueblos indígenas como fue la era del auge de la goma”, dice Rosales, refiriéndose a la época cuando los indígenas de la Amazonia estuvieron sujetos a condiciones de esclavitud, trabajando hasta 22 horas por día en los cultivos de la goma. “Creo que esto está yendo por el mismo camino – medidas ambientales y venta de carbono son las palabritas de moda en los tiempos modernos, comparables al petróleo y a la goma – siempre afectando a los pueblos indígenas adversamente”.

Un histórico de abusos similares en otras industrias como la minería, la forestal y la de hidrocarburos significa que estos sectores están ahora reglamentados dentro de un apretado cerco de supervisión estatal. Esta es la primera vez en Perú que este tipo de empresa penetra en tierras indígenas con el disfraz de derechos de carbono o reservas de oxígeno, explica Rosales.

Para operar en territorio indígena en otros sectores, las empresas necesitan de la autorización previa de la comunidad, que a su vez debe pasar por las autoridades estatales. “La cuestión de los créditos de carbono es muy nueva en Perú”, explica Alicia Banto, que es la jefa del programa para pueblos indígenas en la Defensoría Pública. “Hasta el momento, sobre esta cuestión no poseemos cualquier estructura de reglamentación. Como también no existe tal estructura para una supervisión fiscal”.

Siendo así, bajo la actual ley peruana, la única obligación de Nilsson es de obtener dos tercios de apoyo entre los líderes de la comunidad de los Matsés para dar legitimidad a la firma de un documento con fuerza de ley que podrá dar a su empresa poder total como apoderado sobre 420 mil hectáreas de bosques conservados y reservas de carbono, así como sobre la vida cultural e intelectual del pueblo Matsés.

Más perturbadora aún es la ausencia en Perú de cualquier tipo de estrategia política para proteger los pueblos indígenas. Un reportaje reciente de Maria Emilia Coelho, aquí para OEcoAmazonia, explica como solamente Brasil y Ecuador dan asistencia oficial a los grupos aislados. La incapacidad del estado peruano de controlar las actividades madereras en la Amazonia, junto a una ausencia de entidades gubernamentales para implementar políticas públicas, con un presupuesto definido y una legislación, hace que sus pueblos indígenas estén entre los más vulnerables en toda la Amazonia.

Se supone que los que se deben beneficiar de estos nuevos mercados son las comunidades indígenas, ya que son los que conservarán el bosque, explica Rosales. “Pero en ningún momento se ha dicho que ellos en realidad vienen en tercer lugar. A medio camino, el dinero cambia de manos, pero nada les llega hasta ellos. Este es el verdadero peligro en este momento”.


Patrick Bodenham estudió derechos humanos y desarrollo de medios de comunicación. Tiene interés en cambio climático, gobernanza forestal y recursos naturales.