Lo que deja Alan García a los indígenas

“Ningún gobierno ha tenido tan mala relación con las comunidades nativas”, sostiene, categórico, Fermín Tiwi, indígena awajún que tiene un Máster en Derechos Humanos, desde las oficinas del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Prática). Lo dice, con convicción y algo de ira santa, mientras conversamos sobre una mesa cubierta por una manta con motivos shipibos, que parecen estar también airados.

Tiwi hace un recuento de lo, según él, vivido y sufrido durante los 5 años del gobierno de Alan García y señala los problemas con los territorios y la titulación, así como el olvido de la educación, de la salud, de la simple inclusión o consulta. “La exclusión de los indígenas –añade- tiene larga data, pero en este gobierno tuvo diferentes formas y sabores”. Sabores amargos, sin duda, a juzgar por las cifras y algunas constataciones.

Esta tierra es nuestra

El frente acaso más turbulento, y que en cierto modo se sitúa en el ojo tormentoso del conflicto está en la posesión no de tierras, sino de territorios. La distinción es clave porque, en rigor, para un indígena no se trata de terrenos intercambiables, como los que uno compra en la ciudad. Ese no entender que los territorios incluyen el agua, el aire, el suelo, los espíritus ancestrales, ocasionó tumultos peligrosísimos en el período que se va.

Como recuerda, Richard Chase Smith del Instituto del Bien Común (IBC), para un indígena el territorio es esencial y los esfuerzos por titular en los pasados 5 años han sido pobres. “No ha habido esfuerzos por titular o por ampliar comunidades ya tituladas”, pero sí ha habido entusiasmo para otorgar concesiones petroleras. La Defensoría del Pueblo sostiene que se llegó a titular a siete comunidades nativas, pero el especialista lo duda.

Alberto Pizango, presidente de AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana), es  más contundente y señala que no se tituló ninguna y, como Tiwi, piensa que “este es el gobierno que más ha maltratado a los indígenas”. Las cifras oficiales de Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI ) señalan que hay 1,265 comunidades nativas amazónicas tituladas, de 1,447 reconocidas.

Y que faltan titular (al 2010) 182. El problema, sin embargo, consiste en el salto casi cuántico que ha dado el proceso para titular tierras indígenas en el Perú (algo parecido a lo ocurrido con Instituto de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos (INDEPA). Hasta el 2007, existía el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), pero en ese año se fusionó con el COFOPRI, por lo que la titulación de tierras indígenas quedó en una suerte de limbo.

Smith sostiene que eso revela, de parte del Estado, un marcado desinterés, pero apunta algo aún más crucial: los conflictos más atizados han sido y serán por territorios, el de Bagua incluido. Este estallido, el más simbólico y sangriento de este período (34 muertos, 24 policías y 10 civiles, la mayoría de ellos nativos) se debió a los famosos, y penosos, decretos legislativos, promulgados por el Ejecutivo, que hacían frágil la posesión.

Es interesante seguir, de la mano de Smith, el hilo de los acontecimientos previos, que conducen a un cambio de uso de tierras en la región de Amazonas, donde viven los awajún. Una parte de la Zona Reservada Santiago-Comaina, que se iba a convertir en un Parque Nacional, fue excluida y comenzaron a otorgarse concesiones para la explotación de oro. Los awajún entonces (2008) ya estaban en literal pie de guerra por este hecho.

Lo que ocurrió después (Bagua) fue la explosión de un conflicto acumulado por territorios, pero también, según Smith y el sociólogo Santiago Alfaro, de la controvertida teoría del “perro del hortelano”, plasmada por el presidente en sendos artículos en el diario El Comercio entre el 2007 y el 2009. En uno de ellos (28(10/2007) llega a afirmar que se “ha creado la figura del nativo ‘no conectado, desconocido pero presumible.”

¿Presumible? Lo asombroso es que, justamente, en ese momento, el pálido INDEPA tenía, dentro del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES), un programa para estos grupos nativos, cuyo nombre más apropiados es “indígenas en aislamiento voluntario”. Estimados de Beatriz Huertas, especialista en el tema, sostienen que serían unos cinco mil en el Perú y actualmente estarían diseminados en las cinco Reservas Territoriales existentes, pero quizás en otros lugares.

El tema no es irrelevante si se tiene en cuenta que, muy recientemente, el gobierno saliente, con la aprobación del INDEPA, pretendió aprobar el Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales Indígenas’. Según la norma, sería posible hacer actividades de ese tipo en dichas reservas, no obstante que un Decreto Supremo del 2008, prohíbe este tipo de actividad económica.

Lo más llamativo es que el mencionado Reglamento está dirigido a ampliar el famoso Lote 88 de Camisea, del que ha hablado hasta el paroxismo el nuevo presidente, Ollanta Humala. Ese lote, de donde supuestamente saldría el “gas más barato para todos los peruanos”, si se ampliara, vulneraría la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti. ¿Está preparado el flamante gobierno para tomar una decisión salomónica y amazónica?

No es un asunto simple. Como recuerda Pizango, quien hoy sostiene seguir muy dolido por lo ocurrido en Bagua, “los indígenas son quienes cuidan la Amazonía”. Si bien en los hechos el asunto puede ser discutible (no todos lo nativos hacen actividades sostenibles, algunos de ellos incluso estarían metidos en el negocio de la madera o la extracción de oro), el mirar la Amazonía solo como un depósito de recursos luce muy desatinado.

La existencia de indígenas aislados (“hermanos autónomos, según AIDESEP) remueve más certezas por una razón: le crea al Estado el dilema de aprovechar recursos no renovables o defender los derechos de ciudadanos vulnerables que, entre otras cosas, sucumben fácilmente a contagios epidémicos por su falta de defensas sanitarias. Hay cuatro reservas territoriales más en las que vivirían y vivirán, si no se encuentra petróleo, claro.

Cartas sobre la mesa amazónica

A todo lo anterior, se suman los dramáticos indicadores de salud, educación, vivienda. Como en casi todos los países de América Latina, en el Perú la pobreza indígena dobla a la pobreza urbana, y llega al casi macabro porcentaje de 80% (la pobreza extrema a casi el 30%). La salubridad es mínima (94.2% de las viviendas en comunidades amazónicas no cuenta con saneamiento) y el embarazo adolescente campea entre las jóvenes nativas.

Pizango, preguntado por qué debería hacer el próximo gobierno con el tema indígena, sentencia: “exactamente lo contrario de lo que hizo el gobierno saliente”. Las fichas entonces echadas, la información dada, el conflicto desatado. El agregado indígena social peruano no necesita compasión, sino ciudadanía. En estos cinco años, lo que al parecer obtuvo del régimen de Alan García fue una indiferencia bastante parecida al desprecio.