Tambogrande supuso el punto de partida. Desde que en el año 2000 los ciudadanos de la población del norte de Perú se organizaron en consulta popular para bloquear las actividades mineras de la empresa Manhattan, los episodios se han ido encadenando.

Siete años después de esos hechos –en el 2007-, en una consulta popular en los municipios de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera, la población piurana se preguntaba sobre el proyecto Río Blanco. ¿Quiere usted minería en sus tierras? El 94’53% de la población gritó no. El pasado 16 de septiembre, en el aniversario de esta consulta, se daba un paso más: las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio se declaraban zonas libres de minería.

Perú ha visto como en lo últimos años, y gracias a las políticas de Alan García, las concesiones mineras se han disparado, hasta llegar al 16% del territorio. En el norte del país, las concesiones en estas cuatro provincias ocupan hasta un 25% del territorio que, de convertirse todas en proyectos extractivos, crearían un gran distrito minero.

El proyecto Río Blanco, iniciado con capital británico y actualmente en manos del complejo chino Zijing representa todos los miedos de la población. Ecológicamente, la mina amenaza la agricultura de la zona y las cuencas hidrológicas del Amazonas. “Nosotros aquí en Ayabaca estamos en un paraíso, en un ambiente tan saludable, donde nacen las aguas puras y limpias de la cordillera. Las Rondas, hemos acordado que la minería no la aceptamos”, expresa Natividad Vicente Gonza, ex-vicepresidenta de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Ayabaca.

Y no exagera con lo de paraíso. Los Andes tropicales son entornos de extraordinaria riqueza biológica –incluyen los frágiles ecosistemas del páramo y los bosques de neblina-, regulan el agua de toda la región y forman parte de la cabecera del Río Amazonas, bien común de toda la Humanidad. A demás, la empresa china ha sido multada recientemente por el desastre ecológico causado en el río Ting el pasado verano; el más grande de los últimos años en el país asiático. "Si son capaces de contaminar de esa manera dentro de su propio país, es muy probable que no tengan ningún escrúpulo de hacerlo en un país que no es el suyo, como el caso del Perú y el proyecto minero Río Blanco", expresaba tras la noticia David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Estas razones ecológicas, más otras de carácter social, legal y económico, son las que han motivado la lucha de las poblaciones de las cuatro provincias. Éstas, apoyadas por las organizaciones nacionales Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y Muqui (Red de Propuestas y Acción), y la internacional CATAPA (Bélgica) han creado la campaña internacional Mining in Paradise? No-go zones for mining, y llevaron hasta el Congreso de la República su propuesta de “zonas libres de minería” apoyados por los congresistas Marisol Espinoza y Wiber Cabrera, el pasado 25 de octubre.

La minería ha multiplicado los conflictos sociales en Perú y ha generado nuevos debates entre la población. ¿Dónde hacemos minería? ¿Todos los territorios son lícitos de ser explotados? ¿Cómo impulsar un desarrollo productivo equilibrado? ¿Cómo protegemos las cuencas hidrográficas y los territorios con frágiles ecosistemas? ¿Qué papel tienen los gobiernos regionales? Temas que hasta hace poco no aparecían en la agenda de los políticos.

En las últimas elecciones municipales y regionales peruanas (3 de octubre) algunos de los gobernantes ya se pronunciaron sobre el caso. “Cualquier proyecto requiere de licencia social para poder operar y la licencia social la da el pueblo. En este momento, este proyecto minero no camina” afirmaba Javier Atkins en una entrevista, tras ser elegido nuevo presidente regional de Piura. Y es que a la voluntad expresada en la consulta vecinal, a la concesión minera Río Blanco hay que sumarle las violaciones de derechos que determinó la Defensoría del Pueblo en 2006: violación a la propiedad de los comuneros, al derecho a determinar cómo se explota una propiedad y al derecho a la información sobre el desarrollo de las actividades.

La preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas son temas comunes para toda la América Latina y, en especial para los países que tienen territorios en el Amazonas. Los ciudadanos se preguntan cómo se tienen que aprovechar las tierras y qué territorios deben quedar libres de explotación. Y los políticos que les escuchan, como ha pasado en Brasil con Marina Silva, empiezan a tener cada vez más fuerza.

Se trata –defienden- de aceptar que otro desarrollo alternativo económico es posible. “Traen desarrollo, pero solo para ellos, la empresa, no para nosotros. Para nosotros dejan la destrucción, la contaminación”, denuncia Pascual Rosales, ex-presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca. En la zona del proyecto Río Blanco existen una serie de cooperativas ecológicas y asociaciones de productores, agrícolas y ganaderos, que promueven un desarrollo alternativo y sostenible. Existe además una posibilidad de ecoturismo en una zona tan rica como son los Andes tropicales peruanos; opción económica que se perdería, sin duda, con el inicio de las explotaciones mineras.

Aretha Francis é jornalista catalã, pós-graduada em Comunicação de Conflitos e da Paz. Trabalhou na imprensa espanhola e para jornais italianos. Atualmente vive na Bélgica e participa da comunicação da campanha "Mining in paradise? No-go zones for mining".