Gigantesco, inusual, inimaginable. El borde alto de ese cerro, de mediana altura y semi-boscoso, indicaría el tope hasta donde llegaría el agua; todo este territorio, de aire tropical,  que tenemos a la vista quedaría inundado; toda esa floresta ya no existiría, todos esos pueblos, que pequeños y dispersos se reparten por el monte, desaparecerían.

¿Se aproxima una tragedia por estos parajes de la zona selvática de la región sureña de Puno? ¿O es una posibilidad de futuro? Parados en un punto de la ruta que une las localidades de Juliaca y Mazuko, en un tramo de la vía Interoceánica Sur que va del Perú a Brasil, seguimos observando este punto crucial, acaso el corazón de lo que, en el futuro y si todos los acuerdos se consuman, será la faraónica Represa de Inambari.

Datos fácticos y desbordantes: 410 kilómetros cuadrados de embalse, 4,900 millones de dólares de inversión, 2200 MegaWatts (MW) de potencial eléctrico, 30 años de concesión, 5 años de construcción. Empresa responsable: EGASUR S.A., un consorcio brasileño del que forma parte la estatal Petrobrás. Zona afectada (o beneficiada, de acuerdo a quién lo diga): parte de las regiones peruanas de Cuzco, Puno y Madre de Dios.

Destino de la energía: depende. Primero, el mercado regulado (sistema de electricidad urbana, por ejemplo) y el mercado libre peruanos; luego, el vasto mercado del Brasil. Ocurre, sin embargo, que el Perú no tiene –por el momento- deficiencia energética. Estas selvas, medio impactadas, que en este septiembre sin lluvias nos miran, no parecen tener por el momento una respuesta a estas interrogantes, pero nos ubican en el reportaje.

Esto y aquello

“A dónde nos vamos a ir”, se pregunta, con rictus de nostalgia adelantada, Olga Cutipa, presidenta del Frente de Defensa de Inambari, mientras conversamos al borde de la carretera. Según ella, la empresa no les ha informado a dónde se irán, ni a ella ni al resto de los habitantes de  los 12 sectores y centros poblados, que se asientan en la zona que sería como el fondo de la represa. “No nos dicen nada y nos van a sacar de acá”, agrega.

Unos cuantos carros, y sobre todo camiones, circulan mientras tanto, recorriendo y parando en Lechemayo, Puerto Manoas, Loromayo y otros de los lugares donde el ánimo, en su mayoría, ya se ha tornado levantisco. EGASUR, sin embargo, argumenta que el problema es que el proceso de información, que debía llevarse a cabo entre los pobladores, se ha detenido por la oposición de ellos mismos, desde hace meses.

Varias pintas, que se leen en los muros de las casas o en la carretera, confirman esa atmósfera rotunda: “No a la hidroeléctrica de Inambari”, “No queremos la represa”. Desde Lima, Evandro Miguel, gerente general del proyecto, dice que no se explica eso porque, según él, “vamos a estar 30 años acá y queremos estar en medio de amigos”.

Me muestra, además, los vastos programas que tienen para reubicación en poblados con buenos servicios públicos,  para capacitación en agro-negocios. No sólo eso. Con acento brasileño y énfasis tropical, me dice incluso que la producción de cacao o piña, principales productos de la zona, mejorarán, tendrán valor agregado. Y que la represa creará una suerte de tapón que protegerá al vecino Parque Nacional Bahuaja-Sonene, uno de los más emblemáticos del mundo según la National Geographic Society.

Hasta habrá, dice, una ‘península ecológica’. Es decir una suerte de isla conectada en medio de la represa, donde además habrá un centro de investigación biológica permanente. La inversión en ‘recuperación de biodiversidad y desarrollo humano’, en suma, llegaría a 600 millones 416 mil dólares. La mitad de los cuales, no obstante (377 millones), se gastarán en volver a hacer el tramo de más de 100 kilómetros de la Interoceánica que quedará inundada si, finalmente, se consuma el megaproyecto.

El fondo de la represa

¿Cómo es que las visiones sobre lo mismo son tan disímiles? Como en todo, la historia detrás tiene mucho que ver. En noviembre del 2006, el gobierno peruano y el brasileño firmaron un ‘Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de una Comisión en Materia Energética, Geológica y de Minería’ (ver nota ‘Perú y Brasil se lanzan sobre energía de la Amazonía, junio 29, 2010, en www.oecoamazonia.com).

En junio pasado, ambos países firman ya un acuerdo que establece la posible construcción de al menos 6 represas en la Amazonía Peruana, en los próximos 50 años. La primera de ellas, la segunda más grande, sería la de Inambari. A partir de allí, se abrió, digamos,  el canal para esta represa, quizás a modo de ensayo de orquesta.

En la zona, por añadidura, el gobierno peruano ya construyó, en la década de los 90, la represa de San Gabán. Según Víctor Alarcón, dirigente rondero (las ‘rondas’ es un tipo organización campesina, muy frecuente en Perú), “entonces se prometieron muchas cosas, que no se cumplieron”. El agregado fundamental es la idea de que la energía será, toda, para el Brasil. “Si fuera para el Perú, podríamos haberlo  pensado”, añade.

Allí hay un punto neurálgico. De acuerdo a un colectivo de organizaciones que objetan el acuerdo energético (entre ellas están la World Wildlife y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), el Perú podría cubrir su demanda energética proyectada para el 2020 a 9,000 MW, sin recurrir a megaproyectos amazónicos. Es decir, con hidroeléctricas en los Andes, energía eólica y energía solar produciría 52,000 MW.

Juntando 6 hidroeléctricas amazónicas se llega a poco más de 13,000 MW. Pero hay más. Los datos que ofrecen sostienen que estas no son necesariamente más limpias debido a la putrefacción de miles de árboles que quedan sumergidos bajo los reservorios.

EGASUR responde a eso que tienen una técnica para sumergir menos árboles a la hora de construir la represa y hace la siguiente comparación: si los 2200 MW de Inambari fueran producidos por una central térmica la emisión sería de 5’ 940,000 toneladas de CO2. El metano (gas GEI) que ellos producirían, de acuerdo a sus estimaciones, alcanzaría las 990, 000 toneladas anuales. El ahorro de GEI  sería de 4 millones 950 mil toneladas.

¿Será cierto? Aldo Santos, funcionario de Servicios Educativos Rurales (SER), afirma que aún si se aminorara la emisión de metano cortando los árboles, lo que produce el metano son las raíces sumergidas. El añadido es que en el Perú, como en toda América Latina, la mayor causa de GEI se debe a la deforestación. La empresa, nuevamente, retruca: afirma tener un programa de reforestación nunca antes puesto en marcha.

Para enfatizar su vocación ‘ambiental’, precisa que, en ese rubro y en manejo de la biodiversidad en general, se gastará más de 24 millones de dólares. Más aún: apoyada en el libro ‘Amazonía Peruana 2021’, escrito por Marc Dourojeanni, recuerda que, en este texto, se afirma que las hidroeléctricas causan menos deforestación y  biodegradación. La obra, sin embargo, es bastante más que una cita y enumera una serie de amenazas que se ciernen sobre la Amazonía en los próximos años, si es que no se hace planificación.

Son las carreteras las más dañinas, en efecto. Pero justamente una de las controversias que ha generado el proyecto es que mientras sigue su proceso de aprobación la Interoceánica, en este tramo donde nos encontramos, continúa en construcción. “¿Si se aprueba no van a construir ustedes otra carretera?”, pregunto inquieto. “Sí –me responde Evandro Miguel-, pero con todas las previsiones del caso”. Entre ellas, explica, una valla de árboles a cada costado de ella, para evitar nuevas colonizaciones humanas.

Las compuertas del futuro

Mientras seguimos parados en esta ruta, observamos aún el ánimo caldeado. Un grupo de pobladores de Puerto Manoas, epicentro de las mayores protestas, me acaba de decir que, de ninguna manera, saldrán, que viven allí hace cerca de 40 años, algo que la empresa objeta al sostener que la ocupación  tiene unos 15 a 20 años. También se discrepa por el número de desplazados: 10, 000 según los pobladores,  4000 de acuerdo a la empresa.

La verdad parece estar en el medio. Javier Torres, otro funcionario del SER, precisa que es difícil decir cuántas personas son, realmente, las que se tendrían que ir, pues otras muchas más circulan temporalmente por la zona. La mayoría vino de la sierra, para dedicarse principalmente a la agricultura, aunque también a la extracción de oro en pequeña escala, una actividad que causa mucho impacto ambiental.

La empresa se prende de eso para señalar que, con la represa, se creará “un tapón” que evitará la proliferación de estas actividades y que protegerá el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. No queda claro, sin embargo, si quienes salgan de la zona del embalse trucarán sus modos de vida hacia a actividades más sostenibles. “No lo creo –precisa Santos- lo más probable es que vayan a impactar otros sitios ya degradados”

Los 18,000 puestos de trabajo generados durante la construcción (5 años), 4,000 directos y 14,000 indirectos, no garantizan, según los opositores, la absorción de todas las actividades económicas. Y es posible, también que la reconversión laboral no funcione.  “Yo siempre he vendido piñas”, dice una señora, en medio de un mercadillo de frutas.

¿Qué pasará, finalmente? El gobierno peruano acaba de dar por terminada la Concesión Temporal del Proyecto Inambari, al presentar la empresa su Estudio de Factibilidad. Falta la Concesión Definitiva, que deberá aprobarse previa presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Eso está pendiente, pero, entretanto, un proyecto de ley en el Congreso de la República pondría entre paréntesis ese requisito (ver recuadro).

Mientras todo ello ocurre, acá en la zona del futuro embalse flota cierta irritación. Olga Cutipa dice que “si lo hacen de todas maneras, entonces habrá un ‘Bahuajazo’”, aludiendo con ello al Parque Bahuaja-Sonene, pero también al ‘Baguazo’, un serio enfrentamiento entre indígenas y policías que, el 5 de junio del 2009, causó 34 muertos. La belleza de estos parajes, algo depredados es cierto, no merecen ese desenlace fatal.
                                
Entre lo factible y lo ambiental

Actualmente, el proyecto Inambari ha cumplido con presentar su Estudio de Factibilidad, por lo que ha concluido la Concesión Temporal y ahora EGASUR debe solicitar la Concesión Definitiva. Según Daniel Cámac, viceministro de Energía del Perú, para hacerlo “debe tener aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Ese estudio, no obstante, debe pasar primero por el filtro de talleres que se hacen con la población afectada, algo que no ha ocurrido aún por la resistencia a la incursión de la empresa entre la población. En septiembre pasado, sin embargo, se presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley 4335-2010/PE, que podría incidir en estos afanes.

Según esta norma, se elimina la obligación de presentar una resolución aprobatoria del EIA par que se otorgue la Concesión Definitiva. Al respecto, Cámac sostiene que eso “no elimina la exigencia de certificaciones ambientales”, porque la obligación de contar con un EIA permanece de acuerdo a la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El problema, según Mariano Castro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), es que este documento ya no sería un requisito para la Concesión Definitiva sino que deberá presentarse antes de la ejecución del proyecto. Es decir, puede darse dicha concesión sin contar con el EIA. Con lo que este quedaría casi a voluntad de la empresa.

Cámac retruca diciendo que “se evaluarán todas las implicancias ambientales y sociales del proyecto” y que “de no ser aprobado el EIA” este no podrá iniciarse. Aunque el proyecto de ley citado no se aprueba aún, parece problemático que se flexibilicen los requisitos ambientales en un clima de conflictividad que necesita disiparse.